Las patronales de Balears celebran la paralización en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas con los votos de PP, Vox, Junts y PNV, mientras que los sindicatos critican que los partidos conservadores y de ultraderecha «vayan en contra de los derechos de los trabajadores».
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) respalda y agradece a los grupos parlamentarios que votaron en contra reducción, al considerar que evita «un grave impacto negativo sobre la economía, el empleo y los consumidores». La patronal balear apela al «verdadero diálogo social» para abordar esta cuestión y otras de ámbito laboral e insiste en que la reducción de la jornada aprobada por el Gobierno de forma unilateral suponía una intromisión en la negociación colectiva y una nueva subida de costes laborales que se sumaba al aumento del salario mínimo y de las cotizaciones sociales.
La CAEB subraya que, en un territorio como Balears, «donde la economía depende en gran medida del sector servicios y de la presencialidad», la falta de mano de obra cualificada y no cualificada dificulta la adaptación a una regulación «rígida e impuesta». Por ello, defendió que la regulación de la jornada debe abordarse sector por sector y empresa por empresa, analizando márgenes de productividad y necesidades organizativas.
La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) también aplaude la decisión de frenar la medida. Su presidente, Jordi Mora, recuerda que la propuesta no tuvo en cuenta ni a las patronales ni la productividad real de España. Según advierte, de haberse aprobado, el impacto económico habría sido «inasumible por los altos costes que supondría para las pymes y autónomos».
Jordi Mora defiende la creación de un observatorio de productividad, mecanismo habitual en la mayoría de países europeos pero inexistente en España. Además, alertó de que Baleares sería una de las comunidades más afectadas por la reducción de jornada, dada la estacionalidad del mercado laboral, el absentismo y la falta de mano de obra. «Esta reforma habría afectado de forma directa a la estabilidad de las pymes mallorquinas, muy condicionadas por la temporada turística», añadió.
Para los sindicatos, la decisión de frenar la ley supone un retroceso en derechos laborales. «No por esperado resulta menos decepcionante», señala el secretario general de UGT Illes Balears, Pedro Homar. Para el dirigente sindical, «por primera vez, la ultraderecha derecha española y la derecha nacionalista catalana se ponen de acuerdo en algo: en perjudicar los derechos de los trabajadores. Es llamativo que partidos que se llenan la boca con el concepto de libertad luego sean incapaces de aplicarla a la hora de ampliar la esfera personal de las personas trabajadoras».
Mari Àngels Aguiló, secretaria de ocupación de CCOO, acusa a la derecha y ultraderecha de «dar la espalda a las personas trabajadoras» al bloquear avances que, asegura, otros países ya han logrado. «CCOO continuará en la defensa de la reducción de la jornada laboral por ley porque no solo mejora las condiciones laborales sino que también ayuda a conciliar la vida laboral y familiar. La conseguiremos tarde o temprano», afirma.
Faltan trabajadores, y eso que tenemos 3.000.000 de "parados", y quieren reducir jornadas