El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ya ha resuelto las solicitudes presentadas al registro único de alojamientos temporales y exige a las plataformas de alquiler que retiren los anuncios de 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares. Se trata de alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados.
En concreto, la localidad con más solicitudes revocadas para poder llevar a cabo el alquiler turístico es Ciutadella, exactamente 299. Le sigue Sant Josep de Sa Talaia con 178. Por su parte, el tercer puesto es para Santa Margalida, con 133; mientras que el quinto es Santanyí, con 117; y el sexto Es Mercadal, con 96.
Cabe precisar que en Palma han sido revocadas un total de 54 peticiones para poder realizar alquiler turístico. La capital balear ocupa la séptima posición del citado ránking, pero teniendo en cuenta el elevado número de inmuebles, la cifra es menos significativa.
Desde el Ministerio de Vivienda subrayan que las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de los inmuebles que no han obtenido la autorización para realizar alquiler temporal. En caso contrario, serán sancionadas.
Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro único de alojamientos temporales ha recibido un total de 336.497 solicitudes en toda España, de las cuales 264.998 (78,75 %) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas, es decir, el 20,3 %.
Si se analiza por comunidades autónomas, Andalucía es la región en la que se han rechazado más solicitudes en el registro obligatorio para alquiler turístico, exactamente 16.740. Le siguen Canarias, con 8.698; Cataluña, con 7.729; la Comunidad Valenciana, con 7.499; Galicia, con 2.640; y Baleares, con 2.373.
Agustina de AragónTras la reciente subida del IBI y la impuesto sobre residuos, tenemos el último y exitoso "modelo de ingresos" del gobierno: algo (alquilar una vivienda en verano) se populariza y se prohíbe. Inmediatamente. Luego, se imponen fuertes multas, y el gobierno se beneficia al 100 %. Este es el mecanismo. La realidad, sin embargo es así: el municipio gana múcho dinero combatiendo los alquileres vacacionales ilegales y (de hecho) no financia a cambio la implementación de medidas para abordar la escasez de viviendas. Ellos saben adónde va el dinero de esas multas de unos 900.000 €, pero nosotros no, (al igual que con la tasa turística)... Esto es precisamente lo que genera desconfianza ciudadana, que luego explotan los políticos. Capiche...