Los sindicatos suben el tono frente al Gobierno central por la congelación salarial en la Función Pública. A partir del 30 de octubre, UGT, CCOO y CSIF iniciarán un calendario de movilizaciones en todo el país para exigir un nuevo acuerdo retributivo para los empleados públicos.
En Baleares, el impacto es «todavía más grave», advierte Miguel Ángel Romero, secretario general de UGT Servicios Públicos en las Islas, debido al fuerte encarecimiento de la vivienda y la dificultad para cubrir plazas esenciales. «En Baleares se sufre aún más la congelación salarial dado el incremento de la vivienda, que agrava la ya de por sí grave situación en cuanto a la dificultad para cubrir las plantillas de personal esencial», subraya Romero.
En Baleares, donde el coste de la vida es uno de los más altos del país, la congelación salarial tiene un impacto especialmente negativo. Romero recuerda que la falta de incentivos económicos y la pérdida de atractivo de los puestos públicos dificultan la cobertura de plantillas en sectores esenciales como sanidad, educación o servicios sociales. «Es urgente que se desbloquee la negociación. No podemos seguir con salarios congelados mientras el Gobierno presume de crecimiento económico», sentencia el dirigente sindical.
Los sindicatos reclaman al Ministerio de Función Pública que convoque de inmediato la mesa de negociación para pactar un incremento salarial que evite la pérdida de poder adquisitivo de los 3,5 millones de empleados públicos del país. «No tiene sentido que el Gobierno diga por un lado que la economía va bien porque los salarios están creciendo por encima de la inflación y que así debe seguir para seguir creciendo, y que por otro mantenga congelados desde enero los salarios de 3.500.000 trabajadoras y trabajadores», critica Romero.
Desde el Área Pública de CCOO Illes Balears, su coordinador confederal, Pep Ginard, ha expresado su «rechazo absoluto» al que consideran un «desprecio» por parte del Gobierno central hacia los casi tres millones de empleados públicos del país, de los cuales cerca de 42.000 trabajan en las Illes Balears. Según las previsiones actuales, la inflación para 2025 se situará en torno al 2,6 %. «Si el Gobierno mantiene su actitud y no activa los mecanismos necesarios, estará condenando a las y los trabajadores públicos a perder poder adquisitivo», ha asegurado el dirigente sindical.
Además del asunto salarial, CCOO recuerda que el Ejecutivo todavía no ha cumplido por completo el último acuerdo plurianual, el denominado Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, que incluye compromisos como el desarrollo del Grupo B de clasificación profesional, la implantación de la jornada laboral de 35 horas para todo el personal público y la regulación de la jubilación anticipada.
Ante esta situación, el sindicato anuncia un calendario de movilizaciones a nivel estatal que se replicará en las Illes Balears. «Hacemos un llamamiento a una participación masiva en las protestas», ha dicho Ginard, quien no descarta que el conflicto derive en una huelga general en el conjunto del sector público. «Defendemos derechos conquistados y exigimos que se cumplan los compromisos adquiridos. No aceptaremos más pérdidas para el personal público», ha subrayado el coordinador de CCOO.
Protestas escalonadas y huelga en diciembre
Según han anunciado los representantes estatales de las organizaciones convocantes, las concentraciones arrancarán el 30 de octubre en las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias y en la sede del Ministerio de Función Pública en Madrid. Si el Ejecutivo no reacciona, en noviembre se organizará una gran movilización en la capital y, en diciembre, podría convocarse una huelga general en toda la Administración Pública.
«Vamos a ir aumentando la presión y la tensión si no hay avances», advirtió el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo. Los sindicatos reclaman una subida salarial ligada a índices objetivos y cláusulas de revisión para garantizar que no se pierda poder adquisitivo, así como un nuevo acuerdo marco que estabilice las retribuciones del sector público.
Las centrales sindicales acusan al ministro de Función Pública, Óscar López, de «ningunear» el diálogo social y de «maltratar» a los empleados públicos, que según CSIF acumulan una deuda salarial de 1.860 millones de euros solo en los últimos diez meses. «El Gobierno tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo. De lo contrario, tendrá sobre la mesa la primera huelga en la Administración Pública de la era Pedro Sánchez», avisó el presidente de CSIF, Miguel Borra.
UGT también reclama eliminar la tasa de reposición para reducir la temporalidad y frenar la externalización de servicios, que ya representa el 11 % del PIB. Además, exige agilizar los procesos de acceso a la función pública y adaptar la Administración a las necesidades del siglo XXI.
ah!... pero en el privado han subido... a mi no me lo han tocado... ah!... si para deducirme el "extra para pesiones" que no cobrare