«En Baleares está absolutamente protegido el aborto». Así ha contestado este martes la consellera de Salut, Manuela García, a las preguntas de PSIB y Vox en el pleno del Parlament, donde la oposición buscaba obtener un posicionamiento oficial del Ejecutivo tras los debates que ha suscitado el registro de objetores de conciencia en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP igual que Baleares. El Govern de Marga Prohens, a diferencia del de Isabel Díaz Ayuso, sí elaborará el registro de médicos objetores de conciencia al aborto, pero la consellera ha prometido que no se remitirá al Gobierno para preservar su confidencialidad.
La respuesta de la consellera se ha mantenido en un tono institucional, citando las obligaciones que impone la ley, algo que ha decepcionado al PSIB porque pretendía que García, como médica, se posicionara personalmente sobre el aborto en sí mismo. La diputada socialista Amanda Fernández le preguntaba si el PP está dispuesto a blindar el aborto como «derecho en la Constitución». «No le he pedido si cumple la ley, sólo faltaría», ha reprochado Fernández a la titular de Salud. García ha insistido en que su papel en el Parlament es «como consellera y no como médico» y rechazaba «polemizar» con este asunto.
«En Baleares la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada en todos los centros públicos de las cuatro islas, sin ningún inconveniente. Las mujeres no tienen que abandonar su casa para ir a abortar como ocurre en Ceuta y Melilla, que depende del Estado», ha dicho García. También ha señalado que no hay derivaciones a la sanidad privada y que los abortos que allí se practican son porque la mujer ha decidido acudir voluntariamente.
En esa misma intervención la consellera ha informado de que su departamento ya está trabajando en el decreto que regula la creación y funcionamiento del registro de objetores, y que se encuentra en fase de consulta previa. Con esto se anticipaba a la posterior pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez, que exigía conocer la postura del Govern sobre las «listas negras de objetores». «En el fondo, lo que hace ese registro es recoger cuáles son las ideas morales, principios éticos y religiosos de los médicos. En esto estamos más con la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto al cumplimiento de esta absurda ley», ha lanzado el representante de Vox.
García ha respondido recordando los requisitos para ejercer la objeción de conciencia, entre ellos que tiene que darse por adelantado y por escrito; un punto problemático para Rodríguez: «¿Qué pasa con la objeción sobrevenida? ¿Un médico en un momento dado no puede cambiar de opinión?». En cualquier caso, García ha prometido que no se entregará el registro al Gobierno «ni a nadie que lo solicite» porque sus datos «son absolutamente confidenciales». Por su parte, Rodríguez ha lamentado que lo que le gustaría «es oírle decir que en Baleares está absolutamente protegida la vida». «Más de 106.000 abortos en España no es para echar cohetes, es el reconocimiento de un fracaso total», ha apostillado. Durante estas dos preguntas de PSIB y Vox el exdiputado de Vox Agustín Buades ha exhibido un cartel con el mensaje «el aborto no es un derecho, es un drama».
UsuarioPunto uno, lo que siempre será exigible es que se cumpla la ley, es decir, del derecho de las mujeres a abortar. Si un médico no es capaz de cumplir la ley tal vez debería cambiar de profesión. Punto dos, práctica que mayoritariamente rechazan?? En base a que hace usted esta afirmación?? Personalmente creo que son minoría los que la rechazan.