La depuración de expedientes de renta social garantizada ha supuesto un colapso del sistema que ha perjudicado la tramitación ordinaria de nuevas solicitudes. De hecho, la lista de espera para recibir esta prestación ha aumentado y a principios de octubre rozaba las 2.200 personas, con un tiempo de espera de ocho meses (cuando la ley marca un máximo de seis). En enero se llegó a los 12 meses de espera media.
Por este motivo, la Conselleria ha necesitado reforzar el personal del departamento de Resoga, que ha pasado de contar con una veintena de personas a un total de 47. La falta de manos para una gestión adecuada de las incidencias es otro de los aspectos sobre los que llama la atención la auditoría. Razón de más, por tanto, para apremiar a la Conselleria a modernizar los sistemas para que la mayoría de comprobaciones puedan hacerse de manera informatizada y masiva.
El informe también alerta de la falta de criterios claros sobre qué deben hacer los trabajadores en cada caso (en mayo de 2024 se dictó una instrucción para clarificar el procedimiento) y de que la intervención de múltiples personas en determinados ficheros de confección manual maximiza el riesgo de errores.
El examen de los expedientes suspendidos ha destapado cobros indebidos que superan el millón de euros y que se remontan varios años atrás. El Govern estima que la cantidad total, una vez se complete este trabajo, oscila entre 1,6 y 2,45 millones de euros.
Se llama comprar votos del Govern de Armengol. Toma el dinero y vótame. Con el PER en Andalucía pasaba lo mismo.