La Conselleria de Familias y Bienestar Social prepara una reforma legislativa de la renta social para mejorar su control y gestión, en la línea de las medidas correctoras que aconseja la auditoría. Algunas de ellas ya se han puesto en marcha a través de instrucciones internas para clarificar criterios en caso de incidencias, así como el procedimiento para los reintegros de pagos irregulares.
La idea es reformular la gestión informática dentro del proyecto de la historia social única. Además, se están estudiando fórmulas que posibiliten un control telemático de que se mantiene el requisito de residencia, ya que la presencialidad de las sesiones grupales genera una importante carga de trabajo a los funcionarios.
Otra de las cuestiones que se pretende resolver es la falta de un régimen sancionador propio. La Conselleria actualmente se ve obligada a utilizar el régimen genérico de la Comunidad Autónoma, pero atendiendo al perfil especialmente vulnerable de este segmento de población, se quiere crear uno adaptado. Por otra parte, se podrían introducir facilidades de pago para las devoluciones de mensualidades indebidas (como fraccionamientos).
La reforma también incluirá la ampliación del requisito de residencia de uno a tres años como se pactó con Vox. Por otro lado, el Govern quiere flexibilizar el requisito de contar con una resolución denegatoria del ingreso mínimo vital; actualmente supone que los beneficiarios tengan que esperar meses para recibir la resolución del IMV que se acumulan a la espera posterior para tramitar la Resoga. Con la reforma, se podría solicitar antes y que la Conselleria compense automáticamente los ingresos con la Seguridad Social si después se concede el IMV.
El Govern ya dispone de un borrador de esta norma, si bien necesitará el voto de otras fuerzas para sacarla adelante, en un momento en el que no cuenta con apoyos parlamentarios claros.
Ulises HomTal cuál