Uno de los condenados en el caso Turisme Jove, Juan Francisco Gálvez, ha obtenido una comisión de servicios en la Conselleria de Famílies tras haber aprobado una oposición y conseguir plaza en la Conselleria d’Hisenda.
Este puesto, superior al que le corresponde por oposición y que se consigue por libre designación, supone también una mejor retribución económica que su plaza. Gálvez era funcionario y, al ser condenado, fue inhabilitado. Tras cumplir condena, pleiteó contra la Administración autonómica porque mantenía su inhabilitación de por vida, lo que contradecía la legislación estatal.
Los tribunales terminaron dando la razón a este antiguo cargo del PP, que ha quedado finamente rehabilitado como funcionario.
ildefonso machucaBueno, tiene razón, muchos delincuentes sexuales siguen sometidos, como máximo durante diez años, a medidas de control. No automáticamente, sino por decisión judicial, pero no todas. También es cierto en el caso de terroristas, por poner otro ejemplo . Y en general, por delitos graves, el juez puede establecer el seguimiento. Pero no es universal y automatico, ni se le priva del resto de derechos ciudadanos.