El consejero delegado y presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha aplaudido la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a Airbnb. «Creo que es adecuada esta multa, ya se había avisado en varias ocasiones a Airbnb. En diciembre de 2024 se le dijo que no podían comercializar oferta ilegal y lo siguieron haciendo», ha dicho este lunes al ser preguntado al respecto en un acto organizado por el Ayuntamiento de Calvià.
El empresario ha advertido que España «tiene un problema muy grande, que es la necesidad de combatir la ilegalidad» no solo en el alquiler vacacional sino también en los hoteles, los 'party boats', los taxis piratas o los «pseudoguías» turísticos sin titulación. «Nos resta competitividad. Todo el mundo tiene que acogerse a unas reglas del juego, a un marco de actuación, y sin lugar a dudas ese marco tiene que cumplir con la legalidad», ha subrayado.
LA SANCIÓN DE CONSUMO
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma 'online' de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos sin licencia, según ha informado este lunes el departamento encabezado por Pablo Bustinduy. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.
El fallo incluye, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta. Las infracciones de la normativa de consumo --identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución-- han consistido en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios.
En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad. También ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.
Por ello, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, cantidad que, según Consumo, equivale «a seis veces el beneficio ilícito» obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios.
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