Los padres de un bebé con una enfermedad incurable que le ha provocado graves daños neurológicos recibirán una indemnización de 20.000 euros por el retraso de su pediatra del IB-Salut en detectar la enfermedad. El TSJIB admite de forma parcial la petición de indemnización de los progenitores y solo acepta compensar por «la angustia e incertidumbre» que vivió la familia que, en su demanda, reclamaba más de 300.000 euros por lo daños.
El bebé nació en 2019. Durante las primeras revisiones no se detectó ningún problema grave. Los padres le llevaron tres veces en diez días a urgencias por muestras de dolor. Se diagnosticaron cólicos de lactancia y un mes después, una nueva revisión tampoco apuntó ningún problema grave. Tras otras dos visitas más a urgencias y a otras consultas sin resultado, los padres acudieron a una clínica privada en una visita que pagaron ellos mismos. Fue entonces cuando el pediatra que atendió al bebé, que entonces tenía siete meses, sospechó de un daño cerebral. Fue ingresado y a los dos día obtuvo un diagnóstico y un tratamiento que no ha evitado, sin embargo, el avance de la enfermedad. A los cuatro años de edad, el niño ni habla, ni ve.
La reclamación de los padres a la administración planteaba que por el retraso en el diagnóstico se había impedido un tratamiento más efectivo de la enfermedad y de ahí, la cuantía de la indemnización que reclamaban. Ese planteamiento fue rechazado tanto por el IB-Salut como por su aseguradora. El TSJIB en ese punto admite la versión de la administración porque los informes médicos incluso presentados con la demanda, no pueden garantizar que el resultado hubiera sido diferente. «Se viene a reconocer que la enfermedad, lamentablemente, no tiene curación», señala la sentencia. Se trata de un grave síndrome que provoca tumores en distintos órganos y que en este caso provocó graves daños en el cerebro del bebé.
Sin embargo, la sentencia sí entiende que el diagnóstico se retrasó, hasta el punto que los padres tuvieron que acudir a la sanidad privada. Fija la demora en un mes y entiende que, como el tratamiento palía algunos síntomas, esa falta de tratamiento prolongó durante ese tiempo el dolor del menor y la angustia de los padres por no saber el motivo de la enfermedad. Es el propio tribunal es el que fija en 20.000 euros la compensación.
CiudadanaYa nos iría bien con que cumplieran con su trabajo en la sanidad pública, aunque no parece muy "aberrante" que, como pasa en cualquier otro ámbito, no se permitiera que el mismo personal trabase en la empresa rival, es decir, en la sanidad privada. Resulta bastante obvio que cuanto peor funcione la sanidad pública habrá más negocio para la sanidad y las consultas privadas.