Sin competencia. El actual presidente del TSJIB, Carlos Gómez, revalidará el cargo para un segundo mandato: es el único candidato dentro del proceso abierto por el Consejo General del Poder Judicial para la presidencia del tribunal autonómico. Gómez compareció este miércoles ante la comisión evaluadora del CGPJ y marcó como prioridad en su plan de actuación intentar «evitar disfunciones» en la puesta en marcha del Tribunal de Instancia.
Gómez recordó en su intervención que Palma es el partido judicial de mayor tamaño que pasa por esa transformación y que depende todavía de forma directa del Ministerio de Justicia. En total han sido 75 los juzgados unipersonales que han pasado a ser un único Tribunal de Instancia. El presidente del TSJIB añade otras dos «condiciones especiales» de la Justicia en Balears: la elevada tasa de litigiosidad y la combinación de insularidad con el elevado coste de vida y, en especial de la vivienda que provoca «numerosas vacantes judiciales» y una elevada tasa de interinidad. Gómez detalló a los vocales que el 58 por ciento de los empleados en las oficinas judiciales de las Islas son funcionarios interinos.
Ese es uno de los factores que más problemas ha planteado a la hora de implantar el Tribunal de Instancia. El presidente del TSJIB explicó que, a diferencia de los funcionarios de carrera, los interinos no podían escoger plaza y tenían que ser asignados, por lo que a principios de enero había numerosos casos de trabajadores que todavía no sabían en qué servicio común se tenían que integrar. También aludió a otras incidencias con el sistema informático que han afectado a las oficinas, pero no a los jueces.
Sobre las próximas semanas, Gómez augura que es «previsible» que se produzcan «disfunciones» y que la función de la Sala de Gobierno tendrá que ser coordinar la respuesta ante ellas. En todo caso, matizó que esos problemas no afectarían a priori a los jueces y a su función de resolver asuntos que ya tiene en sus agendas. También planteó la necesidad de «favorecer la unificación de criterios» en el seno de los tribunales de instancia entre los distintos magistrados y de «crear una cultura de la independencia judicial vinculada al órgano» y no solo individual.
Gómez también recordó que la Sala de Gobierno del TSJB ha reclamado la retirada de los carteles instalados por el Ministerio en sedes judiciales en los que se incluye la fórmula «Gobierno de España» . «No hemos tenido éxito», admitió a pesar que la petición ha sido respaldada por el CGPJ. Gómez explica que la Sala de Gobierno considera inapropiado mezclar al poder Ejecutivo en edificios en los que actúa otro poder del Estado aunque sean formalmente propiedad del Ministerio. «Solo hemos conseguido que los cambien en el edificio de la Audiencia que es Bien de Interés Cultural y en el que se habían instalado sin pedir autorización».