Carlos Gómez aspira a su segundo mandato como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Es el único candidato al cargo. «Mantener la estabilidad de las instituciones pues ya en si mismo es un valor», señala. La renovación en el cargo llega en pleno impacto por la puesta en marcha de los tribunales de instancia y los cambios que implica la Ley de Eficiencia.
¿Cómo se está desarrollando la puesta en marcha del tribunal de instancia en Palma?
Se está llevando con problemas. Somos la ciudad, territorio Ministerio de Justicia que tenía más órganos jurisdiccionales unipersonales. Había 74 microficinas con su juez, su letrado de la administración de justicia y una media de ocho funcionarios. Todo eso ahora pasa a ser una oficina única dividida en servicios. Eso es un cambio muy grande el punto de vista de lo que es el servicio.
Está habiendo muchas quejas...
Las quejas provienen sobre todo funcionarios, que es es a quienes más afecta la nueva organización. Cualquier cambio organizativo genera en sí mismo un un disconfort, porque uno está acostumbrado a trabajar siempre dentro de unos mismos parámetros. Luego, hay otra parte que está justificada. Lo que ha generado más inquietud es que las plantillas correspondientes a los interinos, que aquí son mayoría, no estuvieron a punto hasta el último, momento porque la gerencia no daba más de sí porque está totalmente infraocupada. Tienen 40 plazas de funcionario y hay 14.
Augura semanas de incidencias.
Yo estoy seguro que sí por la experiencia de otros tribunales donde ya había habido una implantación. Se había detectado un descenso de la productividad de la oficina judicial que dura más o menos dos meses y luego, pues a esperar que todo engranaje se ponga en funcionamiento.
¿Le ve ventajas al cambio?
Primero, la racionalidad. Éramos la única administración de justicia de Europa cuya primera instancia estaba fragmentada. Era una situación un poco anómala. Es un cambio en cuya necesidad había un consenso. Yo creo que a la larga producirá efectos. ¿Qué efectos? Básicamente, la uniformidad del servicio. Ahora, el que un asunto vaya más rápido o más lento, no dependerá de que caiga en un juzgado en el que hay más bajas. En segundo lugar, la flexibilidad. Permitirá que que haya más funcionarios desarrollando una determinada tarea si se necesita. Y luego, una que para mí es muy importante, permite la creación de plazas judiciales sin necesidad de crear juzgados. Hasta ahora solo podía haber un nuevo juez en Palma si se creaba a la vez un juzgado, lo que viene a suponer unos 500.000 euros. Ahora, solo hay que pagar el salario del juez.
¿Cómo marcha el proyecto de nueva sede judicial en Palma?
Sigue su tramitación y según la información que yo tengo. Ya se ha constituido la junta de compensación. Lo importante es dar pasos. Este mismo mes empiezan ya las obras en Manacor. El periodo de ejecución son 38 meses, pues estarán estaremos 3 años, pero eso también da una un futuro a a una situación en Manacor que es bastante inadmisible.
El otro gran cambio es la obligación de acudir a un medio adecuado de solución de controversias (MASC) antes de una demanda. ¿Cómo evoluciona?
Ya hemos notado que en el tercer trimestre, el tercer trimestre del año, los asuntos civiles en esta comunidad autónoma habían reducido su ingreso en un 27%. Nos abre un un poco un camino de esperanza .
Han pedido la retirada de los carteles que ponen ‘Gobierno de España’ en los edificios judiciales, ¿por qué?
Tiene importancia simbólica, diríamos. La postura de los jueces de Baleares es que no nos gusta tener en la fachada carteles en los que se aparece la mención Gobierno de España. Ya sabemos que los edificios son propiedad del ministerio, ya sabemos que los funcionarios son del ministerio, pero todo esto es una administración dirigida a prestar servicio a los jueces. Y lo que sale de aquí son sentencias que no tienen nada que ver con el gobierno. Se presta a confusión porque cualquier persona se puede pensar que esto a estamos trabajando para el gobierno de España. La apariencia de independencia es muy importante.
¿Cómo valora las críticas a los jueces que se repiten?
Vivimos en la sociedad de la desconfianza. El clima social y político que se vive de polarización lleva a que se desconfíe de muchas cosas, entre otras cosas de la Justicia. Ningún juez que yo conozca se deja influir en la toma de sus decisiones por factores que no sean los que proceden del proceso mismo. Otra cosa es que cualquier decisión judicial sea más discutida, igual que cualquier decisión del gobierno. Estamos en un clima de desconfianza que yo creo que no nos lleva por el buen camino.
¿Qué ocurre con los retrasos de los juicios en la Audiencia?
No se puede estar señalando para el año 2030. Ahora mismo hay dos magistrados de esta sala del TSJIB, con mucha experiencia en Penal, que están haciendo los recursos de apelación para que las secciones penales puedan centrarse en cerrar juicios, que es donde está realmente el retraso. A partir del 1 de abril van a actuar como dos tribunales distintos, señalando a la vez para intentar quitar este retraso
¿Cuesta que vengan jueces a Balears o solo funcionarios?
También jueces, tenemos vacantes. Ahora estamos contentos porque van a venir el próximo mes cuatro jueces de la última promoción del cuarto turno y tres jueces que vienen del turno libre, o sea, que vamos a tener siete jueces más, pero sí hay un exceso de vacantes.
Pa morenoEstic convençuda que les làpides d'en Penalva i en Subirán seran pulcres i honorables per saecula saeculorum. La seva i la dels seus mentors, com el fiscal Herranz, cobertes d'immundícia, s'ofegaran dins l'oprobi. La Història, sempre implacable, no vos absoldrà.