Al menos 10.800 personas inmigrantes podrían verse beneficiadas en Baleares por la regularización extraordinaria que este martes se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Según ha detallado el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, en estos momentos «hay más de 10.800 expedientes en tramitación pendientes de resolución por razones de arraigo sociolaboral». Estos expedientes han seguido hasta ahora el proceso de regularización de Extranjería en vigor, que exige una antigüedad de dos años de permanencia. Sin embargo, «todo parece indicar que podrán incluirse en este proceso de regularización extraordinaria».
Los datos son estimatorios y previsiblemente la cifra final será mayor puesto que se podrán acoger todos aquellos que puedan acreditar un mínimo de permanencia en el país de cinco meses con anterioridad a 31 de diciembre de 2025, que no tengan antecedentes penales o hayan solicitado el asilo o protección internacional. Con este autorización, con una vigencia máxima de un año, se podrá obtener el permiso de trabajo. Posteriormente, pasado el año, la persona se incorporará a la tramitación ordinaria que recoge el reglamento de Extranjería.
La tramitación de la autorización tendrá un plazo máximo de tres meses pero permitirá a la personas trabajar con un contrato desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite. Esta tramitación debe durar un tiempo estimatorio de unos 15 días. Se confía que la regularización se pueda comenzar a principios de abril y finalice el 30 de junio de este año. Es decir, toda la gente que cumpla los requisitos hasta la fecha límite se sumarán a la estimación anterior de más de 10.800 solicitantes en las Islas.
Según ha destacado el delegado, la medida busca «beneficiar a las personas trabajadoras que ganarán en derechos y obligaciones, a las propias empresas que ganarán en seguridad jurídica a a hora de ejercer la contratación y luchará contra la economía sumergida y la explotación laboral». Sobre las acusaciones vertidas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, de que la medida favorece «el efecto llamada», Rodríguez ha dicho que la afirmación es «absolutamente contradictoria».
«No es un efecto llamada, es dar respuesta a una situación existente, real que muchas personas están esperando y deseando». También ha dicho que vincular la cuestión con la dificultad de la gestión del fenómeno migratorio es «desenfocar el tema y no atender la realidad». En cuanto a quiénes podrá beneficiar la medida ha apuntado que «habrá una variedad importante de orígenes diferentes, de Latinoamérica u otros países no europeos».
Estamos en guerra.