Kühn paga 14 millones de euros a Hacienda pero sin admitir ningún delito

El empresario alemán, Matthias Kühn ha pagado algo más de 14 millones de euros de su deuda con Hacienda. Es el paquete inicial que le reclamaba el fisco y el que provocó el inicio de la investigación por alzamiento de bienes y blanqueo en la que está inmerso. El pago, sin embargo, no implica la admisión de ningún tipo de responsabilidad penal y, por otro lado, deja en el aire los otros nueve millones de euros que reclama la Agencia Tributaria, una deuda que ni el magnate inmobiliario ni el resto de investigados admiten como tal.

El abono, autorizado esta semana por la magistrada que instruye la causa, se ha llevado a cabo a través de la sociedad Birdie Son Vida. Es la titular de la indemnización de 96 millones de euros que el empresario recibió como indemnización por parte del Govern por la desclasificación de la urbanización Muleta II en el Port de Sóller. Sobre esa cantidad, el juzgado de instrucción había embargado algo más de 30 millones de euros como fianza: primero por estos 14 que responden a la querella inicial de Fiscalía y luego, por el resto, que derivan de sucesivos hallazgos de Hacienda.

La representación de la empresa pidió llevar a cabo el pago contra esas cantidades retenidas y, de hecho, el abono permite liberar alrededor de cuatro millones de euros que se habían inmovilizado por prevención legal: las fianzas siempre se incrementan un porcentaje para hacer frente a posibles multas e intereses legales.

Esa deuda inicial de 14 millones siempre ha sido admitida por Kühn y el resto de investigados, una cuantía que no se ha discutido en el procedimiento penal y que corresponde a los impuestos impagados a raíz de la crisis del ladrillo y la situación de quiebra de las sociedades. Con todo, Fiscalía y la Agencia Tributaria, sostienen que se produjo un delito porque los activos que debían responder a ese dinero se ocultaron en los sucesivos concursos de acreedores y pasaron de sociedad en sociedad hasta quedar fuera del alcance de la administración. Esa deuda ya estaba reconocida y había sido incluida dentro de esos concursos de acreedores. De hecho, uno de los argumentos defensivos es que se ofrecieron a Hacienda los derechos de Birdie sobre Muleta y que la administración tributaria los rechazó antes de que se dictara la sentencia que fijaba los intereses millonarios a favor de la empresa.

Al margen de esos 14 millones quedan otros nueve millones aproximadamente que es lo que se discute de forma abierta en el procedimiento judicial. La tesis defensiva es que se trata de deudas que se generaron cuando ya existía una administración concursal a cargo de las sociedades y que corresponden a decisiones que ellos no tomaron y que, en cualquier caso era inevitables en medio de la liquidación de las sociedades.

Sin embargo, las acusaciones sostienen que existió un acuerdo entre uno de los administradores concursales y los asesores de Kühn para llevar cabo esas operaciones y, de hecho, la investigación penal alcanza también al administrador. La causa penal, mientras tanto, sigue a la espera de que se lleven a cabo las últimas diligencias, entre ellas la declaración del hijo de Norma Duval, Marc Ivan Ostarcevic, después de su imputación formal como partícipe de la trama y, en concreto, en torno a la supuesta maniobra para poner fuera del alcance de Hacienda la indemnización de Muleta. No hay fecha prevista para la práctica de esa prueba que probablemente de por zanjada la investigación. En cualquier caso, la Audiencia Provincial tiene también pendiente decidir sobre varios recursos en torno a las fianzas sucesivas impuestas al empresario.

Kühn compareció ante la jueza el pasado mes de octubre y se acogió a su derecho a no declarar. Sí lo hicieron al día siguiente el resto de investigados, en particular sus asesores y abogados durante el proceso concursal que insistieron en que los fondos que reclama Hacienda estaban garantizados por una garantía hipotecaria.