La Fiscalía reclama una condena de cinco años de cárcel para un abogado italiano al que acusa de quedarse con 825.000 euros que tenían que ir destinados a comprar una partida de cinco millones de guantes quirúrgicos en plena pandemia. Una empresa mallorquina intentó hacerse con ese cargamento durante el confinamiento, en mayo de 2020 y para ello negoció con una empresa de Madrid que, al final, recurrió a este intermediario en Roma. Los guantes nunca aparecieron ni el dinero se devolvió.
El juicio se tenía que haber celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. Sin embargo, una serie de problemas organizativos provocaron que el órgano judicial no pudiera convocar a varios testigos clave. Ante su ausencia, la vista ha tenido que ser aplazada a la espera de encontrar acomodo en la saturada agenda de las secciones penales de la Audiencia. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la empresa mallorquina contrató con la empresa española Farmadac la compra de los suministros sanitarios. Esta sociedad, a su vez, acudió a un proveedor italiano, Med Investments Operations LTD para comprar la mercancía por un precio de 1.082.950 euros. Esta empresa fue la que puso en juego al acusado y dio su cuenta corriente para que se efectuaran los pagos. El abogado debía actuar como intermediario fiduciario. Eso implicaba que retendría los fondos hasta que se llevara a cabo la entrega de los guantes quirúrgicos y que, si no se hacía, debía devolver las transferencias a los compradores.
En base a ese pacto, la empresa mallorquina hizo tres transferencias a la sociedad que hacía de intermediaria desde España por la cantidad total, algo más de un millón de euros. A su vez, esta sociedad remitió en julio de 2020 un total de 825.000 euros a una cuenta italiana de la entidad CheBanca a nombre del abogado romano que está acusado. El resto de fondos fueron retenidos en concepto de impuestos y comisiones.
Sin embargo, la mercancía nunca se llegó a entregar. Eso llevó a que se rescindiera el contrato. Sin embargo, según las acusaciones, el abogado jamás devolvió ni un céntimo. Sí lo hizo la empresa intermediaria española con los fondos que había retenido. De hecho, según la acusación particular esos fondos terminaron en el patrimonio particular del abogado que lo destinó a gastos como la pensión de su exmujer o a compras en una tienda de lujo. Junto a la pena de prisión de cinco años, la Fiscalía reclama el pago de una multa de 3.000 euros y la devolución de los fondos defraudados.
Y las mascarillas de la Barmengol?