Las mujeres vivían hacinadas en habitaciones de pisos de Palma, Valencia o Talavera de la Reina. Guardaban sus enseres personales en una maleta porque no había muebles de almacenaje. Su vida, lejos de Colombia, su país de origen, cabía en una maleta. La organización que las había traído a España para prostituirlas colocó cámaras de videovigilancia y micrófonos para controlar a distancia su funcionamiento.
Estaban monitorizadas. Como una especie de 'Gran Hermano' en el prostíbulo. Les imponían las condiciones en las que debían trabajar: tenían que estar disponibles las 24 horas al día y solo tenían tres horas libres. Durante la semana contaban con un solo día de descanso.
En marzo de 2022, la Policía Nacional desarticuló la organización que se dedicó a captar a mujeres jóvenes y en situación de vulnerabilidad en Colombia para traerlas a España y obligarlas a prostituirse. La Fiscalía pide para los diez integrantes de la red penas que suman 207 años y medio de cárcel y que indemnicen a las cinco víctimas con 30.000 euros por el daño moral. La Audiencia de Palma acogerá mañana una vista previa del juicio.
La red operó desde junio de 2020. Los acusados, que regentaban pisos de alterne en Palma, Valencia y Talavera de la Reina, formaron parte de una banda que se dedicaba a traer a mujeres a España bajo falsas promesas de trabajo para después obligarlas a ejercer la prostitución.
La estructura de la asociación se dividía en dos ramas principales. Una estaba radicada en Colombia y se encargaba de buscar a mujeres en situación económica precaria o con cargas familiares a las que ofrecían mejores condiciones laborales en España. El resto de la agrupación, que actuaba en este país, distribuía a las víctimas entre los inmuebles que poseían en distintas ciudades.
Una vez en las viviendas se les informaba de que habían contraído una deuda por el traslado y que tenían que ejercer la prostitución para saldarla. Las mujeres aceptaban. No tenían otras opciones para subsistir.
Ruth B., conocida como Patricia, dirigía la red. Era la persona que gestionaba, organizaba y dirigía el traslado de las jóvenes desde Lationamérica hasta España. La acusada poseía dos pisos en Talavera de la Reina, uno en Valencia y tres en Mallorca. Aicardo D., al que apodaban Candy, era la mano derecha de la cabecilla de la organización. Buscaba a mujeres en Colombia para brindarles la posibilidad de viajar a España y mejorar sus condiciones de vida.
El resto de integrantes de la banda se encargaban de la contabilidad y la recaudación o supervisaban la prostitución en algunas de las casas. Una de las víctimas vivía en Colombia y tenía dos hijas menores de edad a su cargo, una de ellas enferma. A través de una conocida contactó por teléfono con Patricia, que le ofreció trasladarse a España para, supuestamente, trabajar como camarera de piso en un hotel por 1.000 euros. Cuando llegó a Madrid le dijeron que había contraído una deuda de 2.300 euros y la mujer, como no tenía medios para subsistir, aceptó la oferta. Tenía que ejercer la prostitución.
Algunas de las jóvenes, una vez saldada la deuda, continuaban ejerciendo la prostitución por el miedo que les generaban las posibles represalias de la organización. Sabían que uno de los investigados tenía relaciones con bandas armadas en Colombia. Una de las víctimas descubrió que estaba embarazada y fue expulsada y amenazada por la cabecilla de la red:
–No se le olvide a usted que tiene familia en Colombia y ahora está esperando un bebé.
Supongo que han vuelto a su país, no?