El texto que se llevará al Consell de Govern antes de Semana Santa ya ha pasado por la Mesa de Sostenibilidad y, una vez aprobado el proyecto, se llevará al Parlament para su aprobación definitiva. Es a partir de este momento cuando el conseller Juan Manuel Lafuente teme que puedan empezar los problemas ya que sospechan que el Gobierno podría llegar a presentar un recurso ante el Constitucional, como ya ha hecho con otras autonomías.
En cualquier caso, el conseller recuerda que varias autonomías ya tienen su propia ley de ordenación del litoral, como es el caso de Galicia, Catalunya y la Comunitat Valenciana. El Tribunal Constitucional avaló la mayor parte de la Ley del Litoral de Galicia aprobada en 2023, pero declaró inconstitucionales algunas aspectos de la normativa autonómica gallega.
El Tribunal entendió que invadía competencias estatales y anuló los artículos 10, 11 y la disposición transitoria primera de la Ley 7/2022 de medidas fiscales y administrativas, que permitían limitar a 15 años el plazo para ordenar la demolición de obras ilegales en la zona de servidumbre. Se estableció que la competencia sobre costas es exclusiva del Estado (art. 149.1.23 CE), y las comunidades no pueden acortar los plazos para proteger el dominio público.
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