Comprar una vivienda en Baleares cuesta de media 4.650 euros por metro cuadrado y la cifra llega a alcanzar los 5.300 euros si se trata de un inmueble a estrenar. Para hacerse con un piso de 80 metros cuadrados hay que desembolsar alrededor de 372.000 euros, una cantidad inasumible para la mayoría de trabajadores, con un salario bruto mensual medio que apenas supera los 2.300 euros de media.
Las posibilidades de acceder a un alquiler no son mucho mayores. El precio medio supera ya los 1.600 euros al mes y las agencias inmobiliarias reciben una auténtica avalancha de solicitudes de clientes cada vez que cuelgan una oferta en sus portales. «No puedes mantener más de un día publicado el anuncio si quieres atender a todas las peticiones, nos vemos desbordados y hay mucho nerviosismo», explica José Miguel Artieda presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Baleares.
Si conseguir una vivienda digna para habitar se ha convertido en una odisea para la población de las Islas, imaginen ustedes que por una situación sobrevenida o por enfermedad de nacimiento, están anclados a una silla de ruedas y tienen que añadir nuevos requisitos a la búsqueda. Uno de cada diez baleares con movilidad reducida ha tenido que cambiar de casa por falta de accesibilidad en su edificio según un informe elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios.
Los inmuebles con zonas comunes adaptadas son minoría en una comunidad autónoma como Baleares donde el parque de vivienda supera los 40 años de antigüedad y las viviendas con interior adaptado dentro de esa minoría son ya prácticamente una quimera.
Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 57% de las personas con movilidad reducida tiene dificultades para andar o moverse dentro de su propia vivienda. Una de cada cuatro ha tenido que realizar obras para adaptar su hogar, siendo los principales lugares los aseos (74%), dormitorios (42%), cocina (32%) y puerta de entrada (32%), según el mismo informe.
En un mercado inmobiliario tensionado en el que cada vez más individuos viven de alquiler, las personas con discapacidad ven recortadas las posibilidades de realizar las obras que precisan para adaptar su hogar a sus necesidades. Así las cosas en las Islas cada vez encontramos a más afectados encarcelados en sus propios domicilios.
Nico Banacua es uno de ellos. Vive desde hace cuatro años atrapado en una vivienda junto a su madre en Palma, una casa antigua con escalones insalvables. La última vez que salió a la calle fue hace tres semanas cuando su hermana vino de visita desde Madrid y salieron juntos a cenar y al cine. «Necesito poder salir de casa, ir al aseo a lavarme los dientes o a bañarme cuando me da la gana. Aquí atrapado no tengo vida social ni opciones de trabajar a pesar de que tengo mis capacidades mentales intactas», dice el joven de 21 años.
Reclama una mayor implicación de las instituciones para que las personas sin movilidad como él partan de la misma casilla de salida que el resto. «Nos limitan como personas cuando tenemos la capacidad de ‘levantar España’ una frase que utilizan mucho en el Congreso, los mismos que no nos dan opción», lamenta.
Precios inasumibles
Las barreras, por desgracia, se combaten a golpe de talonario. Jose Miguel Artieda, presidente de los APIS de Baleares explica que «el parque de vivienda en las Islas supera los 40 años de antigüedad, especialmente en Palma y esos inmuebles carecen de eliminación de barreras arquitectónicas». «La obra nueva elimina todas las barreras de acceso por ley desde hace 20 años, pero la mayoría de viviendas en Baleares se construyeron antes de su entrada en vigor», añade.
La diferencia entre el precio de venta de una vivienda nueva y de segunda mano en Baleares es de 1.300 euros por metro cuadrado. Por una casa nueva de 80 metros cuadrados tendrán que desembolsar 104.000 euros más que por una vivienda antigua de las mismas dimensiones.
«La realidad que nos encontramos es que la gente cada vez tiene más edad e impedimentos físicos. Tanto las personas mayores como las personas con algún tipo de discapacidad tienen que ir a comprar obra nueva o algo adaptado a sus condiciones. Hay quien vende su segundo o tercer piso sin ascensor para comprar una vivienda accesible, pero es difícil comprar porque hay poco producto e incorporar este requisito es una tarea añadida», explica el presidente de los APIs.
Adquirir un planta baja parece la alternativa más factible para quien no puede permitirse una vivienda de nueva construcción, pero desde la pandemia de la COVID-19, cuando durante el confinamiento redescubrimos el espacio exterior, estas han visto disparado su precio. «Una planta baja normalmente va ligada a un patio y hoy en día estos espacios abiertos valen tanto o más que la superficie útil. Lo convierte en un inmueble muy deseado y a un precio superior. Escasea la oferta y buscar dentro del mercado no solo es difícil sino que es económicamente más costoso», añade Artieda.
El funcionamiento del mercado del alquiler es prácticamente idéntico. «El precio del alquiler está ligado al precio de la venta porque es una forma de rentabilidad del inmueble», dice el experto.
En el último trimestre de 2025 había unos 9.000 activos en venta en los portales inmobiliarios de Baleares, 3.500 de ellos en Palma, según el último recuento de datos que realiza el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
«Sabemos que en alquiler son muchísimos menos pero no los tenemos contabilizados porque los anuncios son muy efímeros, los que cuestan menos apenas duran un día en las páginas web», concluye el presidente de los APIs.
La exclusión de la vivienda de las personas con discapacidad crece en Baleares. Las asociaciones de personas con discapacidad reportan casos de jóvenes que no pueden salir de casa porque su edificio no es accesible y de personas trabajadoras, que aún disponiendo de un salario, se ven obligadas a vivir en la calle. Pacientes que sufren una situación sobrevenida alargan su hospitalización porque no tienen una casa adaptada a la que regresar. Vivir en espacios no accesibles aumenta el riesgo de caídas, lesiones y problemas de movilidad, además pasa factura a la salud mental de las personas con discapacidad por la falta de autonomía que implica.
Un derecho básico reconocido por la ONU
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU reconoce su derecho a una vivienda digna, accesible y asequible que promueva la vida independiente y deja claro que son los estados los que deben asegurar la igualdad en las condiciones de acceso y la eliminación de barreras físicas y sociales implementando las políticas necesarias para que las los ciudadanos con discapacidad puedan vivir en entornos seguros sin discriminación ni aislamiento.
¿Qué hacen en la práctica las administraciones para garantizar ese derecho? Todas las promociones del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) cuentan con una reserva de viviendas del 7% para personas con discapacidad, tal y como estipula la normativa. Ahora bien, la ley permite que en caso de que no haya demanda, se pueda pedir autorización para destinar una vivienda adaptada a una persona sin discapacidad.
Asociaciones como Impulsa Igualtat han denunciado durante años esas excepciones en Baleares. Pidne que se mantenga la reserva de viviendas adaptadas para casos sobrevenidos de discapacidad que requieren de una solución habitacional urgente. «La política actual del IBAVI es que las viviendas adaptadas que se quedan sin adjudicar por falta de demanda se mantienen vacías para tratar de adjudicarlas a personas con discapacidad», han informado a Ultima Hora fuentes del la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilidad.
En estos momentos hay 168 viviendas adaptadas en su parque público de las que hay una quincena pendientes de volver adjudicar, «la mayoría en trámite de adjudicación», dicen las mismas fuentes.
Instituciones municipales como el Ajuntament d’Inca han incluido la discapacidad dentro de sus planes de vivienda. «Trabajamos en colaboración con entidades como Esment, Joan XXIII o Es Garrover para poner a su disposición solares o viviendas para que los utilicen como pisos tutelados o de emancipación», explica el regidor de Urbanismo, Andreu Caballero.
En todos los casos los usuarios finales de esas alternativas habitacionales en Inca son personas con discapacidad psíquica, no existe en cambio un programa específico dirigido a personas con movilidad reducida que conservan sus capacidades mentales.
Discapacidad física
Alessandro Marineli es el presidente de Impulsa Igualtat Balears. Sabe bien por experiencia la urgencia de una solución habitacional. Quedó en silla de ruedas tras sufrir un accidente laboral. «Ya es bastante traumático tenerte que ir con una lesión medular traumática o degenerativa a tu casa, como para tener que enfrentarte también a ese problema al salir del hospital», reflexiona. Para Marinelli un recurso de viviendas adaptadas de emergencia «sería una solución de alojamiento para las personas con discapacidad mientras encuentran una vivienda adaptada o realizan obras para adaptar la suya».
«La situación que vivimos en Baleares es mala y cada día va a peor. Los precios son imposibles desde hace un par de años y ahora ya es una locura. Piden 750 euros por una habitación y más de 1.000 euros por un estudio de 30 metros cuadrados», explica.
Incluso quien puede permitirse esos precios tiene dificultades para alquilar. «Por el hecho de ser personas con discapacidad encontramos más barreras a la hora de encontrar un alquiler a causa de los prejuicios. Piensan que les puedes generar un impago y te piden más avales que al resto», relata Marinelli.
Comprar tampoco es fácil. «Hoy en día si buscas una plaza baja te piden mínimo entre 300 y 350 mil euros y en zonas como Pere Garau se están pagando 600 o 700.000 es completamente inasumible y además acceder a un préstamos hipotecario es mucho más difícil para nosotros. Te piden muchos más avales, de nuevo por los prejuicios. Deben creer que nuestra esperanza de vida es más corta», lamenta.
Si a eso se le suma que buena parte de las personas con discapacidad tiene una situación económica precaria por una capacidad laboral mermada y por los gastos derivados de su situación, la situación es crítica. «Para una persona con discapacidad los gastos suben entre un 30 y un 40 %», dice.
ASPAYM Baleares, entidad miembro de Impulsa Igualtat Illes Balears, consciente de que en este año se ha agravado la situación en la comunidad, celebra el 13 de febrero en el CaixaForum una jornada de reflexión y sensibilización sobre la necesidad de vivienda en Mallorca. En palabras de la organización: «Queremos que este encuentro no solo visibilice los problemas, sino que marque un paso adelante hacia un modelo de vivienda en el que nadie quede excluido».
«Hay muchas personas que se ven atrapadas en su hogar por una discapacidad sobrevenida y no pueden salir de casa porque no pueden afrontar el coste de la adaptación», dice el presidente de Impulsa Igualtat.
Denuncia que «las ayudas económicas que prestaba la administración para afrontar el coste de esas adaptaciones en el hogar, hace años que desaparecieron». «Antes había una ayuda que podías cobrar una vez en la vida, pero estas ayudas han ido desapareciendo en los últimos dos o tres años en Baleares», lamenta.
Marineli reivindica el derecho de las personas con discapacidad a seguir viviendo en sus hogares y el derecho a la accesibilidad universal en las ciudades. Pide «valentía» a las administraciones para intervenir en el mercado de la vivienda en Baleares y frenar la escalada de precios.
Discapacidad intelectual
Pep Nula, coordinador del Servei de Suport al Habitatge de Aproscom, concertado con el Imas, acompaña a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en el proceso de emancipación.
Con el lema Cases Buides: Oportunitat d’Autonomia, tratan de concienciar a los arrendadores sobre el drama del acceso a la vivienda para las personas con discapacidad. «Ayudamos a nuestros usuarios siempre desde la mediación, garantizando que el contrato de alquiler o compra cumpla con la legalidad, también que la casa sea una vivienda digna. Todo ello dejando claro al arrendador que el contrato no es con Asproscom sino con el inquilino», explica.
Nula dice que el precio es lo que más dificulta en estos momentos la emancipación de sus usuarios porque normalmente ocupan trabajos de baja cualificación. «La primera barrera es el dinero, estamos hablando de una persona, por ejemplo, que trabaja en un centro especial de empleo con un salario mínimo, imagina si es difícil», relata.
Aunque no es un problema generalizado algunos de sus usuarios se han visto forzados a dejar sus viviendas porque cumple el contrato y han subido el alquiler a cantidades que no pueden asumir. «Son casos puntuales que generan mucha energía y alarma», reflexiona. La mediación es su gran baza para luchar contra los prejuicios en el mercado libre.
Presión social y amenazas
No solo las personas con discapacidad luchan contra los prejuicios a la hora de buscar casa, también lo hacen las familias con hijos discapacitados a cargo. Uno de los colectivos más castigado es el de las personas con trastornos del espectro autista.
«Necesitamos que estén adaptados, mi hijo por ejemplo tiene que estar en planta baja porque hay riesgo de que se precipite por una ventana, las plantas bajas cuestan más y tenemos gastos extraordinarios (terapias, entre otras) que recortan nuestra opciones económicas», explica Mara Beier, presidenta de 'Ningún niño sin terapia, Autismo Mallorca'
Pero para el colectivo lo peor es el rechazo social. «Hay propietarios que a la hora de presentar al niño cuando ven su grado de discapacidad no nos alquilan o nos ponen muchos problemas. A eso hay que sumar la presión de los vecinos. Hay familias que han tenido que irse a vivir al medio del campo por las esterotipias (movimientos, golpes saltos…) y ecolalias (sonidos continuos) que no pueden parar. Nosotros también las sufrimos como familia, pero los vecinos son poco tolerantes», reflexiona.
Reporta casos de «varias familias que han recibido notitas con amenazas en sus puertas». Pide una mayor empatía social y ayudas de la administración para cuestiones que marcarían una gran diferencia como la ejecución de obras de insonorización.
La culpa la tienen los que tienen la puerta abierta a la inmigración.