El Govern justifica los retrasos en el pago a proveedores denunciados esta semana por la patroinal de la pequeña y mediana empresa, PIMEM, en la necesidad de afrontar compras urgentes de material sanitario sin cobertura contractual previa, una operativa que, según la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, obliga a regularizar posteriormente el gasto y a dotarlo presupuestariamente antes de proceder a su abono. Este proceso administrativo, explican fuentes del departamento, puede alargar los plazos más allá del periodo medio de pago legalmente establecido.
Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que este tipo de adquisiciones se concentran habitualmente a final de año y que su normalización se inicia a partir de mediados de enero, cuando se reactiva el sistema informático de pagos (SAP). De hecho, el Govern asegura que durante el pasado mes de enero se ha abonado un volumen muy elevado de facturas, una circunstancia que previsiblemente tendrá un impacto positivo en las próximas cifras del Periodo Medio de Pago (PMP).
Las mismas fuentes defienden que, pese a estas tensiones puntuales, la Comunidad Autónoma cumple con la legislación vigente, en referencia a la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En diciembre, el período medio global de la CAIB se situaba en 54,52 días, dentro de los márgenes legales ya que desde el Goven argumentan que si bien Balears supera el plazo máximo de 30 días previsto en la normativa sobre morosidad, está por debajo de los 60 días previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, momento a partir del cual y, tras mantenerse dicha situación durante los plazos previstos en la ley, el Ministerio de Hacienda comienza a aplicar los efectos y medidas contempladas en la normativa de referencia.
Por áreas, donde más se alargan los plazos es en sanidad, con una media de 68,21 días a cierre de 2025, según los datos oficiales publicados por la Conselleria de Economía. En el resto de departamentos, los tiempos de pago se mantienen por debajo del umbral de los 30 días: Educación (21,19), Servicios Sociales (25,62) y el resto de áreas (11,15).
Esta explicación llega tras la denuncia pública de lPIMEM, que ha reclamado al Govern una reducción urgente de los plazos de pago ante el impacto «muy grave» que los retrasos tienen sobre la tesorería de las pequeñas y medianas empresas. La organización empresarial alerta de que muchas pymes operan con márgenes muy ajustados y dependen del cobro puntual para afrontar gastos corrientes como salarios, alquileres, impuestos o pagos a proveedores.
El presidente de PIMEM, Jordi Mora, advierte de que la morosidad pública obliga a muchas empresas a recurrir a financiación externa, asumiendo intereses y comisiones que reducen su rentabilidad y competitividad. «En los casos más extremos, los retrasos pueden derivar en impagos en cadena, tensiones laborales e incluso el cierre del negocio», señala.
A esta crítica se suma la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que denuncia que los elevados plazos de pago de las administraciones públicas en Baleares no son coyunturales. Su directora ejecutiva, Pilar Ferrer, considera que se trata de una práctica estructural que «lastra desde hace años la actividad de miles de empresas y autónomos» y reprocha a las administraciones que no den ejemplo de cumplimiento normativo.
Tanto la plataforma como la patronal coinciden en que esta situación asfixia la liquidez, frena la inversión y pone en riesgo el empleo, especialmente en el tejido de pequeñas empresas, que no puede seguir actuando , advierten, como financiador involuntario del sector público.
PIMEM añade además un elemento de desigualdad institucional: mientras la Administración exige puntualidad absoluta en el pago de impuestos y cotizaciones, no aplica el mismo rigor con sus proveedores, una incoherencia que, a su juicio, erosiona la confianza en las instituciones y desincentiva la participación de las pymes en la contratación pública.