La Fiscalía reclama una condena de cinco años de cárcel para una empleada de una sucursal de banco de Mallorca por desviar, durante cuatro años, más de 300.000 euros de las cuentas de sus clientes. La acusada tuvo que comparecer ayer en la Audiencia Provincial para una vista previa del juicio. No hubo acuerdo entre acusaciones y defensas y el asunto queda pendiente de nuevo señalamiento. A la acusada la beneficia el retraso acumulado por la causa: se trata de unos hechos denunciados en 2014 y que se habría ocurrido entre ese año y 2010. Las mayoría de las víctimas recuperaron el dinero a través del banco afectado que lo devolvió en su mayoría y que es quien ahora encabeza la acusación particular contra la antigua empleada.
De acuerdo con la calificación del Ministerio Público, la empleada de la entidad aprovechó su posición en la sucursal de Sa Pobla. De forma reiterada comenzó a sacar fondos de cuentas de los clientes, con ocho afectados en total. Lo hacía de manera burda: o bien mediante disposiciones en efectivo o bien a través de transferencias a sus cuentas corrientes. Para justificarlo, simplemente falsificaba la firma de las víctimas y, en algunos de los casos, para protegerse, les dejó fuera del servicio de consulta telefónica y online que entonces tenía implantado la entidad bancaria. De esta manera comenzó haciéndose con pequeñas cantidades, en torno a los 800 o 1.000 euros. Sin embargo, más tarde los agujeros fueron haciéndose mayores y constan operaciones por las que acusa la Fiscalía que ascienden hasta los 8.590.
El picoteo en las cuentas corrientes era constante. A los principales afectados, una mujer a la que habría defraudado cerca de 150.000 euros. En este caso habría llevado a cabo un total 72 operaciones diferentes a lo largo de cuatro años. En los otros casos las cuantías son algo menores, aunque superan en ocasiones los 50.000 euros defraudados. En la mayoría de las disposiciones, señala la Fiscalía, la acusada empleó su propio ordenador y su clave de acceso aunque también aprovechaba ausencias de sus compañeros para emplear sus terminales y datos de acceso e intentar esconder el delito.
La Fiscalía acusa a la empleada de un delito de falsedad y de otro de apropiación indebida, aunque plantea una alternativa por estafa. El fraude fue descubierto por la propia entidad bancaria en una de sus auditorías internas y fue quien presentó la primera denuncia en un juzgado de Instrucción de Inca, en el que la investigación se ha demorado mucho. La Audiencia ha vuelto a citar a las partes para otra vista por si se produce una conformidad. Para la defensa, el tiempo que se ha demorado el procedimiento supone una posible ventaja a la hora de un acuerdo.
Banca i robar van de la mà