Una mujer que reside en una autocaravana situada en un solar rústico de Mallorca ha presentado una querella contra el propietario por cortarle el suministro de luz y agua para echarla. El escrito sostiene que, tras permitirla residir en el vehículo durante meses a pesar de la situación irregular del mismo, el dueño del terreno decidió dejarle sin suministros para forzar su marcha tras una discusión por motivos personales. De acuerdo con la querella, el propietario ofreció a la mujer residir en la caravana que había instalado en la finca. Como el vehículo no estaba acondicionado en ese momento y carecía, además de cualquier tipo de permiso administrativo, de condiciones mínimas de habitabilidad, el acuerdo fue que la mujer permanecería allí gratis hasta que se llevaran a cabo los arreglos. Después se habló de una renta de 300 euros mensuales por residir en la caravana.
La mujer se instaló allí y sostiene que llevó a cabo algunas reparaciones en el vehículo y que intercambió pagos con el propietario, lo que acreditaría una relación económica consolidada en torno al uso de la vivienda. El segundo elemento es que, durante el periodo que permaneció allí, sostiene la querella que el propietario permitió que la caravana aprovechara el suministro de electricidad y de agua de la propiedad. En paralelo a la estancia de la denunciante en la finca, ésta y el dueño mantuvieron una relación sentimental a la que la mujer puso punto y final por decisión propia. A partir de ese momento, denuncia, es cuando comenzaron los problemas con el propietario que no habría aceptado la ruptura y que, desde entonces, comenzó a hostigarla para que se marchara de la propiedad, a pesar de que conocía que era la única posibilidad de que la afectada tuviera una residencia habitual. La alternativa era retomar la relación.
El paso decisivo de esa estrategia de presión, según la querella fue el corte de la luz y del agua. Además, el querellado devolvió el dinero que había recibido de la mujer como compensación por esos suministros para tratar de encubrir el acuerdo al que se había llegado para el uso de la caravana, según sostiene la querella.
Así, la denuncia califica lo ocurrido como un posible delito de amenazas y de coacciones. Además de pedir la declaración del acusado y de aportar mensajes de wasap intercambiados entre él y la mujer, reclama al juzgado una serie de medidas cautelares. La primera, la restitución a la caravana de los suministros de electricidad y de agua. También que se ordene desde el juzgado al propietario a no llevar a cabo más actuaciones que puedan interferir en la vida de la residente en la caravana mientras avanza el proceso.
Sorrento, Na Burguesa, caravanas, menuda Isla nos han dejado