La amnistía costera que prepara el Govern preservara centenares de edificaciones en el litoral, pero la protección de las construcciones no legalizará de manera automática el uso que se esté haciendo de ellas. Se mantendrá el edificio, pero eso no significa que el restaurante o el chiringuito quede legalizado de forma automática.
La última palabra para legalizar esa actividad lograda a través de una concesión la tendrá el Gobierno. El proyecto de ley de ordenación del litoral que está a punto de ser aprobado por el Ejecutivo balear se ajusta a la Ley de Costas y establece que, para la renovación o la autorización de nuevas concesiones, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá emitir un informe preceptivo y vinculante.
Sin embargo, el proyecto de ley busca ampliar la capacidad de control del Govern en las costas de Baleares, que ahora está en buena parte en manos de Madrid. El Govern no se salta la ley de Costas, pero busca herramientas para influir de manera más directa en las decisiones sobre qué hay en el litoral. Para reforzar este papel de codecisión en la costa, el proyecto de ley añade algunas precisiones a ese control absoluto de Madrid. Por ejemplo, si el informe no llega en el plazo de dos meses, el texto legal determina que operará el silencio administrativo positivo. Es decir, si no hay respuesta en plazo, se entiende que esa respuesta es afirmativa.
Si, por el contrario, el informe se emite en tiempo y forma y no es favorable, se abre un periodo de consultas de dos meses con el fin de llegar a un acuerdo entre las dos administraciones. «Este acuerdo es una condición inexcusable para dar la concesión cuando el informe desfavorable se refiera exclusivamente a la garantía de la integridad física y al uso público del dominio marítimo-terrestre», señala el texto. El Govern quiere obligar al Gobierno a negociar y aún se reserva la facultad de acudir a los tribunales por la vía contenciosa.
El texto que comenzará a tramitarse en breve permite la realización de obras de reparación, mejora y modernización de las concesiones en dominio público marítimo terrestre incluso en el caso de que sean contrarias al plan de ordenación del litoral de la zona. Si las obras no suponen un aumento de volumen de la edificación, bastará con que los afectados presenten una declaración responsable.
El Govern lleva meses trabajando en este proyecto de ley, una de las promesas del programa electoral con el que se presentó Marga Prohens a las elecciones. «El proyecto de ley pretende ser el equivalente a las Directrices de Ordenación del Territorio del mar y del litoral», asegura el conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, que ha controlado la redacción del proyecto de ley.
El GOB ya ha pedido la retirada del borrador de la ley por «incongruencias» y problemas de competencias. Entiende que, pese a que el texto habla de la protección del litoral, la realidad es que solo persigue ampliar y consolidar los usos preexistentes que son ajenos a la protección de la costa.
La norma permite salvar del derribo cientos de edificaciones costeras que ahora mismo están amenazadas. El conseller Juan Manuel Lafuente explica que se tata de casetas tradicionales y ‘de vorera’, escars, casetes de pescadores y chiringuitos que en un elevado porcentaje deberían demolerse con la legislación estatal actual, pero que quedarán protegidas con el nuevo texto legal. Los consells tendrán la posibilidad de elaborar un reglamento en materia de protección patrimonial con una registro de aquellos bienes o edificios que deben ser protegidos. Lafuente recalca que todos estas actuaciones deberán estar avaladas por informes de patrimonio.
Amiguisme institucional