Casi cuatro años después de que una sentencia del Supremo hiciera irremediable la demolición de la piscina de Pedro J., el mamotreto sigue ahí. En el último escrito remitido por la representación legal del periodista a la Audiencia Nacional, el pasado mes de enero, la excusa es que la Conselleria de la Mar i del Cicle de L’agua no les contesta a sus escritos, remitidos por correo electrónico. El activista Jaume Sastre, que promovió el derribo ha dirigido un escrito al tribunal para instarle a que agilice el trámite.
Las actuaciones están bajo control de la Audiencia Nacional. Su Sala de lo Contencioso ordenó en marzo de 2004 la demolición forzosa. Esto es, si Pedro J. no ejecuta las obras él mismo, lo puede hacer la administración y luego cargarle a él los costes, además de abrir la puerta a sanciones económicas por incumplimiento de la orden. Así las cosas, el periodista y su hijo remitieron un proyecto al Ministerio para la Transición Ecológica en el que detallaban cómo iban a hacer la obra. Este primer planteamiento fue rechazado por insuficiente y porque el Ministerio exige la demolición de todos los elementos construidos que hubiera en la zona para devolver el acantilado a su estado anterior. Una segunda propuesta técnica sí fue aceptada el pasado mes de julio por el Gobierno pero se matizaba que se debían tener en cuenta actuaciones para no afectar a «elementos colindantes o zonas protegidas».
En otro correo electrónico aportado a la Audiencia Nacional, la representación de Pedro J. indicaba que el Ministerio también advertía que necesitarían permisos de otras administraciones y la Demarcación de Costas de Balears señaló de forma directa a la competencia del Govern Balear para la ordenación y gestión del litoral. El siguiente paso dado por la abogada del periodista fue enviar un correo electrónico a la Conselleria para pedir indicaciones sobre «cómo proceder para la demolición de la piscina sin afectar a los elementos colindantes y asegurando la seguridad de la zona, tal y como determinó el Ministerio».
La queja de la letrada es que un correo electrónico remitido el 15 de octubre y otro el 19 de enero no han tenido respuesta. Aclara que el segundo se envió a varias direcciones distintas, entre ellas el de la secretaria general, el gabinete del conseller y el correo general de la Consellería. En el mensaje, la representación de Pedro J. pide: «Le ruego me indique qué pasos he de seguir para proceder a la demolición conforme a la propuesta aprobada por el Ministerio, ya que hemos de obtener las autorizaciones de las administraciones competentes para ejecutar las obras propuestas y para actuar sin afectar a los elementos colindantes y a las zonas protegidas y asegurando siempre la seguridad de la zona, tal y como nos impone el ministerio». Mientras tanto, la piscina sigue sin demoler tras más de dos décadas de polémica.