PP y Vox negocian implantar cambios en la normativa autonómica de Baleares para rebajar la exigencia del catalán en determinados puestos de la administración y para endurecer las condiciones para acceder a ayudas sociales. Se trata de negociaciones muy discretas que se plasmarán la próxima semana en las enmiendas a la ley de proyectos estratégicos. El pacto es que las presente Vox y en ellas se plasman las medidas que exigió la extrema derecha a cambio de su apoyo a los Presupuestos de la Comunitat del año 2025.
El acuerdo está prácticamente cerrado y las medidas concretas que se negocian incluyen propuestas pensadas para «desincentivar» la llegada de menores migrantes. La más significativa es que perderán la renta de emancipación en cuanto alcancen la mayoría de edad con la excepción de aquellos menores que lleven tres años de residencia en la Comunitat o que estén integrados plenamente en un circuito educativo.
La propuesta persigue que menores de edad que arriben a las islas a punto de cumplir los 18 años no tengan después derecho a tres años de subsidio. Es decir, tendrán que llevar tres años en las islas para poder acceder a una renta de emancipación otros tres años más. Fuentes de la negociación aseguran que es una medida pensada para evitar el ‘efecto llamada’ de niños que llegan a punto de cumplir los 18 y que después recibirán un subsidio durante tres años.
Medidas muy parecidas se preparan para otra ayuda social muy relevante:la Red Social Garantizada (Resoga). En estos momentos, para recibir las ayudas, basta con acreditar un año de empadronamiento en el archipiélago y cumplir las condiciones económicas, como el hecho de no percibir otros ingresos. Con la modificación que se negocia, y a propuesta de Vox, el empadronamiento ya no garantizará la percepción de la ayuda. Si la medida se incluye finalmente en la tramitación parlamentaria, los perceptores tendrán que acreditar una mínimo de tres años de residencia legal en Baleares. Quedarán fuera de las ayudas, los migrantes sin papeles, por tanto.
A estas modificaciones se añaden las relativas a los cambios en la exigencia del catalán en determinados puestos de la Administración Pública. Vox y PP están de acuerdo en que el catalán no se exija en puestos muy concretos de difícil cobertura que no requieran atención al público. Las medidas que se están negociando aprovechan para rebajar el nivel de catalán exigido en la algunos puestos de la Administración autonómica.
Las fuentes consultadas aseguran que el acuerdo está muy avanzado y en su etapa final ya que las modificaciones deben registrarse en el Parlament a mediados de la semana que viene como muy tarde, cuando acaba el plazo de presentación de enmiendas.
A las que se presente Vox se sumarán las del PP, entre ellas la que introducirá nuevas rebajas fiscales, a través de desgravaciones en el IRPF, para los propietarios de viviendas que las tengan en alquiler y que no suban el precio más allá del IPC. El Govern busca evitar una subida general de los alquileres con la renovación de los contratos.
Ahora vamos por el buen camino.