El Govern dejará en manos privadas la gestión de numerosos trámites administrativos que ahora realizan funcionarios. Prepara una sacudida general a toda la Administración para agilizar trámites y que las oficinas públicas no se conviertan en un cuello de botella. Se mantendrán los servicios públicos como hasta ahora y el ciudadano podrá seguir resolviendo sus gestiones con el Govern de manera directa, pero se abrirá la puerta a que estos trámites los puedan hacer empresas privadas.
Este intento de aceleración de la tramitación administrativa se hará por dos vías. La primera de ellas es la externalización de las gestiones a través de empresas que actuarán de una manera similar a como funcionan las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU). Las ECU ya se han comenzado a implantar en algunos ayuntamientos y se ocupan de tramitar las licencias urbanísticas por su cuenta. El promotor o ciudadano interesado paga a la empresa para que se ocupa de su licencia urbanística.
Lo mismo pasará ahora con otras gestiones de la Administración. Los ciudadanos que estén interesados en este servicio podrán pagar a las empresas por esta tramitación acelerada o podrán seguir haciendo por su cuenta las gestiones con el Ejecutivo automómico de manera directa como hasta ahora.
Uno de los ejemplos que se citan es la posibilidad de que la misma empresa que realiza la instalación de los servicios de energía renovable se ocupe de gestionar las ayudas o que el ciudadano pida a una de estas entidades colaboradoras que se encargue de tramitar la tarjeta de transporte, por ejemplo. Se mantendrán las vías ordinarias, pero se busca descongestionar algunos servicios de atención ciudadana que están colapsados. Es una vía para desatascar la Administración sacando algunas gestiones fuera de ella.
¿Y los funcionarios?
Las fuentes consultadas aseguran que esta externalización de funciones administrativas no supone que, a la larga, vaya a reducirse el número de funcionarios conforme se vayan jubilando. Defienden que su papel seguirá siendo básico porque no todas las gestiones se externalizarán y además se pretende implantar el proceso de manera progresiva.
La segunda vía por la que quiere incidir el Govern en la simplificación administrativa es la extensión general y masiva de la declaración responsable a prácticamente todos los ámbitos de la Administración. Los ciudadanos no tendrán que acreditar de entrada que cumplen los requisitos para acceder a los servicios de la administración. Firmarán una declaración responsable y será después el Govern el encarga de verificar que cumple los requisitos y que todos los papeles están en regla.
Control a posteriori
La comparación que se hace desde el Govern es el borrador del IRPF. Los ciudadanos confirman el borrador, que es el equivalente a una declaración responsable, y luego es la Agencia Tributaria la que verifica o no que esos datos se ajustan a la realidad. El control no será previo, sino a posteriori.
El Govern entiende que el proceso será lento, pero el objetivo final es que muchos de los derechos que ofrece la Administración se reciban de manera automática sin necesidad de solicitarlo. Por ejemplo, las ayudas a la dependencia. Se intentará que la ayuda o la licencia lleguen de manera automática en cuanto se cumplan los requisitos y que el ciudadano no tenga que solicitarla con todo el papeleo añadido.
Las modificaciones legales que requiere la puesta en marcha de todos esta revolución se introducirán a través de enmiendas del PP a la ley de proyectos estratégicos que está en tramitación en el Parlament. El plazo para presentar enmienda terminaba precisamente hoy, pero Vox ha pedido más tiempo para negociar esta y otras propuestas de modificación.
El nuevo plazo para presentar estas modificaciones es el próximo 19 de marzo. El objetivo es que la norma se apruebe antes del verano.
Igual que n'Ayuso amb la Quirón i el seu bergant, que així s'han pagat el piset i l'àtic. Ara l'hi pagarem al batle o a en Bauzà