El ‘caso Puertos’ se vuelve a quedar atascado. La causa que desde hace seis años indaga en la actuación de la Autoritat Portuària de Balears sigue abierta y sin visos de resolución a corto o medio plazo. Cinco de las nueve piezas que se abrieron siguen en el juzgado de Instrucción sin avances en los últimos meses y las dos, reunidas en un único proceso, que están pendientes de juicio, esperan aún fecha en la Audiencia Provincial. El caso se inició en 2020 y tuvo uno de los secretos de sumario más largos que se recuerdan, cerca de cuatro años. Tras todo ese recorrido, aún ninguna de las piezas ha llegado a asomarse al juicio. Dos de ellas sí que fueron archivadas tras descartarse indicios de delito: un relacionada con concesiones en Formentera y otra vinculada a astilleros. El resto, siguen a la espera bien de un archivo o bien de que se concluya que existen indicios para juicio.
En la parte que tiene auto de apertura de juicio oral, la Fiscalía sostiene que la cúpula de la Autoritat Portuària se concertó durante años para amañar dos concursos: la adjudicación del Club Náutico de Eivissa y la explotación de unos amarres en el Port de Maó. Reclama condenas de hasta nueve años de cárcel para su expresidente, Joan Gual y en total serán catorce personas las que se sienten en el banquillo de los acusados. El auto de apertura de juicio oral se dictó en diciembre de 2024 y aún no hay señalada siquiera vista preliminar del juicio, un paso ahora necesario. Se trata de un juicio que durará semanas y que no tiene prioridad porque no hay nadie en prisión preventiva. El atasco de señalamientos de la Audiencia hace que no sea previsible que se vaya a celebrar a corto plazo ante el difícil encaje que tiene en las agendas de las secciones penales. Y mientras, quedan cinco piezas en instrucción. Tres de ellas afectan a Gual de Torrella y llevan meses sin aparente actividad. Una de ellas, relacionada con unos silos de almacenaje de cemento en el Port d’Alcúdia esperaría el resultado de una comisión rogatoria.
Gual compareció por última vez ante la juez en junio del año pasado. La cuarta vez que era interrogado por la magistrada instructora, en este caso investigado por supuestamente beneficiar a una empresa de catering. Antes habían comparecido varios funcionarios de la Autoritat Portuària como testigos que habían asumido que fueron ellos quienes decidieron contratar a esa empresa porque se ajustaba a las necesidades del organismo y que no recibieron ninguna indicación de Gual sobre en qué sentido actuar.
También está investigado en una pieza en torno a la prórroga de un contrato para explotar un duty free en el puerto de Palma. La magistrada reclamó ese documento a la Autoritat Portuària que sostiene que nunca se hizo esa autorización temporal. Sin ese documento o esa orden es complicado para las acusaciones mantener que existió una prevaricación. La juez solicitó además varios informes a la Agencia Tributaria por un posible fraude por parte de la empresa con las mercancías libres de impuestos y su posible venta en locales fuera del Puerto.
Hay otras dos piezas abiertas en las que no está Gual. Una de ellas por una posible revelación de secretos al inicio de las actuaciones. En la última, la nueve, que afecta a la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, la Fiscalía pidió el pasado mes de julio su archivo al descartar que existieran indicios de delito en la misma. Más de seis meses después no se ha resuelto en ese sentido. En este impasse, las defensas de los investigados han dirigido varios escritos al juzgado de Instrucción para pedir un impulso procesal a las actuaciones. También plantean que en algunas de las piezas no se han prorrogado los plazos de instrucción y que las diligencias están hechas.
El caso Puertos, es un caso que desde el principio huele a podrido, en el que estan envueltos muchos políticos como son Francisca, Armengol, Gual de Torrella y sus amiquetes, en el que ninguno de ellos tiene intereses para que se solucione. Si fuera un caso con gente del PP o Box, otro gallo cantaría.