El Parlament ha aprobado este martes la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares con los votos a favor del PP y Vox y el rechazo de los partidos de izquierda y el diputado de Formentera. El debate ha sido tenso y particularmente encendido, y Marga Prohens sólo ha estado en el momento de la votación. La iniciativa, impulsada por Vox y respaldada por los populares, entierra la norma aprobada en 2018 durante el primer gobierno progresista de Francina Armengol. Para la oposición supone «un retroceso democrático», mientras Vox saca pecho de haber logrado revertir una ley que considera «injusta». Sólo los diputados de Vox han aplaudido tras votar, por lo que en la izquierda llamaban «cobardes» a los 'populares' mientras Cañadas y el diputado nacional Jorge Campos se felicitaban con Prohens.
La supresión forma parte de un acuerdo entre los socios de investidura; de hecho, la han pactado dos veces, primero en su acuerdo programático y después en el pacto presupuestario de 2025. Porque es la segunda vez en esta legislatura que el Parlament vota derogar la Ley de Memoria: el primer intento, en diciembre de 2024, fracasó cuando el PP decidió cambiar su voto y abstenerse para salvar unos decretos clave con los partidos de la izquierda. Esto ha alimentado las acusaciones de la oposición contra la credibilidad de Marga Prohens, ya que los portavoces de la izquierda aseguran que la presidenta se comprometió personalmente con ellos a no derogar la Ley.
Ahora, el PP dice que ese compromiso se limitaba a aquella votación puntual. Unos meses después del intento fallido de derogar la Ley los 'populares' incluyeron la supresión de la Ley de Memoria en los acuerdos para sacar adelante unos presupuestos autonómicos de 2025, aprobados en julio. Por ello los partidos progresistas han centrado sus críticas en Prohens y el PP más que en Vox, impulsor de la iniciativa. La supresión de la Ley de Memoria «no estaba en su programa electoral», ha advertido Iago Negueruela (PSIB) al asiento vacío de Prohens (a pesar de que no tenía ningún otro acto público en su agenda). Horas antes, en la sesión de control al Govern, la presidenta ha asegurado que cumplía con el «único acuerdo firmado» por su grupo, que era el presupuestario de 2025.
El PP ha reiterado sus argumentos: que siguen intactas la Ley de Fosas y la Ley de Memoria estatal. Para Cristina Gil (PP), el debate ha puesto en evidencia que la ley «divide» en lugar de unir. La diputada ha puesto el foco en los bombardeos republicanos en Palma que el Govern quiere recordar con actos institucionales este año y ha rememorado otros ataques en Menorca e Ibiza. «Nosotros manifestamos dolor y respeto por todas las víctimas, también por tantas que no aparecen en los diarios de sesiones ni camiseta alguna. ¿Quizá son víctimas de segunda?». En esa línea el PP ha defendido que la ley partía de un planteamiento justo pero que se ha utilizado para imponer actuaciones injustas.
Sergio Rodríguez (Vox) ha defendido la necesidad de derogar esta Ley por «imponer» una verdad oficial. Ha sostenido que el Frente Popular «robó las elecciones» y que «no existe legitimidad de origen» de su Gobierno. A los retratos de víctimas del franquismo que exhibía la izquierda en sus escaños, el diputado de Vox ha contestado con asesinatos como los de Calvo Sotelo y Alfonso Ponce de León entre otros: «Las leyes de memoria han obligado a retirar sus nombres de calles y colegios y algunos ni tuvieron ninguna participación en el alzamiento». En este bloque ha incluido a Lorenzo Lafuente, abuelo del actual conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente: «Han impedido constantemente su reconocimiento y memoria, pero a uno de sus asesinos le hicieron un árbol de la memoria. Son responsables de convertir a los verdugos en víctimas». A esto Lluís Apesteguia (Més) ha respondido citando al abuelo republicano de otro conseller, Alejandro Sáenz de Sanpedro; y entonces Rodríguez ha replicado con ejemplos de sus propios ascendientes (su bisabuelo y su tío, en Cataluña).
«Vergüenza»
Para la izquierda «no basta con enterrar a los muertos», ha dicho Joana Gomila (Més per Menorca). «Vergüenza», ha sido una palabra que se ha escuchado desde el ala progresista en varios momentos. «Hay que explicar, va de tener memoria para que no vuelva a suceder», añadía Negueruela. Maria Ramon (Més per Mallorca) ha alertado del auge de opciones de extrema derecha en Europa y ha advertido al PP que por miedo a perder poder las está fortaleciendo: «Gobernar es saber decir que no». «¿Hasta dónde van a rebajar su nivel democrático?», ha preguntado José María García (EUIB). La izquierda promete recuperar esta Ley si vuelve a gobernar en 2027.
El PP ha recibido también 'fuego amigo' del diputado de Formentera, Llorenç Córdoba: «Derogar la Ley no es una decisión fría ni administrativa, envía un mensaje a las familias que todavía esperan. Es un error». Al mismo tiempo ha culpado a PSIB, Més y Unidas Podemos de «debilitar» la Ley «banalizándola» como «herramienta partidista»: «Esta Ley no se tendría que haber defendido como una bandera de un bloque, no tenía que servir para una batalla ideológica sino para algo más humano, reconocer personas».
La derogación ha sido contestada con una protesta en la puerta del Parlament y seguida por numeroso público en el interior; no sólo de entidades memorialistas y representantes de izquierda sino también de cargos de Vox y afines. Una cercanía tensa que ha generado roces, por ejemplo en las esperas para entrar al edificio; allí la portavoz de Vox Manuela Cañadas, se ha enfrentado con la vicepresidenta segunda, Mercedes Garrido, porque Fulgencio Coll y Jorge Campos (Vox) se habían saltado la cola.
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