El PP Balears ha registrado este miércoles en el Parlament una Proposición de Ley contra la okupación ilegal con el objetivo de reforzar la protección de los propietarios y garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos. «Se trata de un problema real que sufren muchas familias y muchos vecinos», ha explicado la portavoz adjunta de los populares en la Cámara balear, Marga Durán.
«Tenemos que dar este paso en Baleares porque la ley nacional del PP, aprobada en el Senado, continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados», ha asegurado Durán, quien ha señalado que «este bloqueo tiene nombre y apellidos. Francina Armengol mantiene esta ley en un cajón desde febrero de 2024 impidiendo que continúe su tramitación parlamentaria, dejando desprotegidos a miles de propietarios y vecinos frente a la ocupación ilegal».
El PP Baleares ha decidido reforzar la protección jurídica frente a la okupación ilegal y ha señalado que «no podemos permitir que el esfuerzo de las familias para comprar una vivienda quede vulnerado por la ocupación ilegal y por la pasividad política de quienes deberían facilitar que esta ley se debata y se
apruebe».
La portavoz adjunta ha recordado que este fenómeno afecta a propietarios, comunidades de vecinos y barrios enteros. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron en España más de 16.400 denuncias por ocupación ilegal de viviendas y en Baleares 514 casos, un 27 % más que el
año anterior. La iniciativa registrada por el PP busca agilizar los desalojos en un plazo máximo de 24 horas, reforzar las sanciones penales frente a las ocupaciones ilegales, perseguir a quienes promuevan estas prácticas y garantizar que los propietarios y las comunidades de vecinos cuenten con más herramientas para defender la convivencia y la seguridad.
«Lo que está en juego no es una cuestión partidista, sino proteger a quienes cumplen la ley, garantizar la convivencia en nuestros barrios y defender el respeto a la propiedad privada» por ello «pedimos el apoyo unánime de la Cámara, aunque lamentablemente veremos como la izquierda criminaliza a los
propietarios y demoniza la propiedad privada», ha concluido Durán.