Casi 20.000 familias de Baleares usuarias del bono social eléctrico, verán reducidos los descuentos que hasta ahora se les venían aplicando, tras tumbar el Congreso de los Diputados la prórroga de las bonificaciones extraordinarias. La medida fue rechazada por la mayoría parlamentaria junto con la prórroga de la prohibición del desalojo de morosos y de ocupas en situación de vulnerabilidad.
La pérdida de las bonificaciones llega en el peor momento posible coincidiendo con la subida del precio de la luz en el mercado mayorista como consecuencia de la guerra de Irán.
El descuento del Bono Social eléctrico se reduce del 42,5 al 35 % para los consumidores vulnerables (pensionistas con pensiones mínimas, personas con renta baja y familias numerosas) y del 57,5 % al 50 % para los consumidores en situación de vulnerabilidad severa. Lo que sí continua vigente es la prohibición de cortar el suministro por impago a las personas en situación de exclusión social.
Para ser considerado consumidor vulnerable se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos: que la renta conjunta anual de la unidad de convivencia sea igual o inferior a 12.600 euros, estar en posesión del título vigente de familia numerosa, que los habitantes de la vivienda cobren pensiones mínimas y no reciban otros ingresos anuales mayores de 500 euros o que el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia sea beneficiario del Ingreso Mínimo Vital.
Los consumidores vulnerables tienen la consideración de severos cuando la unidad de convivencia perciba una renta igual o inferior al 50 % del límite establecido para ser considerado vulnerable.
Quienes además de cumplir este último requisito sean atendidos por los servicios sociales de una administración pública que financie la mitad del importe de su factura previa aplicación del descuento de bono social, obtienen la consideración de consumidor en riesgo de exclusión. No tienen que hacer frente al pago de su factura eléctrica y su suministro no puede ser interrumpido por impago.
Baleares es la quinta comunidad autónoma en la que menos consumidores están acogidos a estas bonificaciones, un total de 19.407 a 31 de enero de 2026, según el último recuento de datos publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De este modo 1,5 de cada cien residentes en las Islas disfruta del bono social eléctrico.
El 50,8 % son beneficiarios por criterios de renta (9.863 consumidores). El 44,2 % son familias numerosas (8.579 consumidores), el 3,4 % son pensionistas con pensiones mínimas (664 consumidores) y el 1,5 % son personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital (301). El porcentaje de familias numerosas beneficiarias del bono social es muy superior al que se registra de media de España, de apenas un 26,63 %.
En el conjunto del país disfrutan del bono social 1,72 millones de personas de las que el 66,56 % son beneficiarios por criterios económicos, un 26,63 % por ser familias numerosas, un 4,41 % por ser pensionistas con pensiones mínimas y un 2,4 % por ser perceptores del Ingreso Mínimo vital.
No entiendo por qué no separan las leyes. Que no intenten afear a la oposición y mezclar cosas. Las personas vulnerables son una cosa y los okupas otra diferente.