Los constructores de Baleares han alertado de que la guerra de Irán está impulsando una escalada en los precios del combustible que amenaza con paralizar montones de proyectos del Archipiélago si el conflicto se alarga. El encarecimiento de la energía va a conllevar además un alza en el precio de materiales clave para el sector, especialmente uno en concreto que es básico para las infraestructuras viarias: el asfalto.
Se trata de uno de los materiales más vulnerables a los vaivenes del mercado, especialmente en crisis petroleras como la que se vive con el cierre del Estrecho de Ormuz y los ataques a refinerías del Golfo Pérsico. La causa es que su componente principal, el betún, es un derivado directo del petróleo. Además, es un material voluminoso y pesado que precisa de camiones especializados para ser transportado, lo que implica un coste extra a tener muy en cuenta con el alza de la gasolina también en el sector del transporte.
«Va a ser el primer material donde se traslade el encarecimiento del crudo», señala Sandra Verger, gerente de la Asociación de Constructores de Baleares asociada a CAEB. Cemento, acero, aluminio, cerámicos... Todos ellos van a ver crecer su precio a ojos vista, aunque probablemente no al ritmo de escalada que va a alcanzar el asfalto. «Es por el betún: el incremento de precio va a ser automático en este caso». Aunque los empresarios de la construcción han hecho más énfasis en el impacto que la crisis va a tener sobre las promociones de viviendas, también han hablado de afecciones para «infraestructuras clave» que podrían centrarse en muchos casos en las obras en carreteras.
Fuentes del Consell de Mallorca indica que los técnicos del departamento de Carreteras ya han sido advertidos por las empresas constructoras de los problemas que van a tener para cuadrar presupuestos, por lo que ya están elaborando un informe sobre la afectación que puede suponer el conflicto de Oriente Medio sobre los proyectos en marcha y todavía por acometer sobre la infraestructura vial de la isla. La institución insular, así como el resto de consells, se vería obligada a modificar (probablemente de manera significativa si el conflicto se alarga) los presupuestos de los proyectos para evitar que queden desiertos o a medio ejecutar.
Así, existen varias actuaciones importantes que se mantienen actualmente en ejecución o están en proceso de adjudicación o próximas a dar inicio. En el caso de la Part Forana, hay que contabilizar proyectos ya en marcha como el refuerzo de la carretera entre Peguera y Port d’Andratx (5 millones); el vial cívico y la rotonda de Crestatx-Sa Pobla (3 millones); la reforma integral de la carretera Bunyola-Orient-Alaró (5 millones) o la reforma de los puentes de la variante de Sant Llorenç des Cardassar para evitar inundaciones (9,2 millones). Entre los proyectos en fase de adjudicación destacan el vial cívico de Camp de Mar a Peguera (1,3 millones); la mejora de los accesos a la planta de residuos de Llucmajor (1 millón) o la variante de s’Alqueria Blanca de Santanyí (12 millones).
Por otro lado, hay hasta 164 millones de euros invertidos en una docena de proyectos relacionados con la mejora de los accesos a Palma. Destacan el refuerzo del firme en la Vía de Cintura entre la autopista del aeropuerto y la carretera de Valldemossa (11,6 millones de euros); la mejora de accesos al enlace de Son Hugo más carril adicional entre la autopista de Inca y la carretera de Valldemossa (13 millones) o -una obra ya de mucha más envergadura- el tramo I del segundo cinturón (110 millones).
El Consell ya tiene experiencia con este tipo de problemáticas. La invasión de Ucrania llevó a activar un plan de choque con un presupuesto de 44 millones de euros en 2022, cuando la socialista Catalina Cladera estaba al mando de la institución insular. El plan incluía una partida de cinco millones de euros dedicada exclusivamente a cubrir el incremento del precio de los materiales en obras relacionadas con la red de carreteras.
Más de 500 VPO
Las repercusiones que la crisis del petróleo puede tener sobre el sector de la vivienda impactarían de lleno sobre el plan de impulso de la vivienda protegida. Los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de les Illes Balears (COAIB) reflejan que en 2025 se visaron hasta 555 viviendas protegidas. Un total de 266 fueron viviendas plurifamiliares de protección oficial (VPO), mientras que 267 fueron plurifamiliares de precio limitado (VPL) y otras 22 fueron unifamiliares de esta última tipología. Desde la Conselleria de Vivienda indican que la redacción de los proyectos se hace siempre teniendo en cuenta la evolución de los precios, especialmente con condicionantes globales como los que se dan actualmente con la guerra de Irán.
Idò enguany sense cotxes de lloguer ni cicloturisme. Tanmateix, els lloguers només aporten a empreses de fora i el cicloturisme s'aprofita de les instalacions que pagam entre tots per beneficiar a uns pocs hotelers