El PP quiere impedir que los condenados por okupación accedan a una vivienda pública y en las enmiendas que ha presentado a la ley de proyectos estratégicos cambia las condiciones de exclusión que ya están en vigor en este momento: quedarán fuera de una VPO si en el momento de la adjudicación se comprueba que existe una condena. Las enmiendas del PP crean la Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Okupación en virtud del pacto con Vox.
El PP ha presentado un total de 88 propuestas de modificación, que suponen una auténtica sacudida al ordenamiento vigente, con la modificación de unas 30 leyes por esta vía extraordinaria que deja a la oposición sin apenas posibilidades de plantear objeciones en la tramitación parlamentaria. Los ‘populares incorporan por esta vía medidas turísticas de prohibición del alquiler turístico en plurifamiliares pero quedan excluidas las que sean en modalidad de alquiler de vivienda principal.
También se incorpora una norma de importancia en materia de turismo. Si uno o varios establecimientos situados en la misma isla reducen hasta un 20 % de sus plazas, podrán ampliar las plazas de otro establecimiento del mismo propietario pero solo la mitad de las que hayan dado de baja. Se añade una disposición que reserva el 25 % de las plazas que estén en la bolsa temporal a alojamientos que se implanten en edificios que sean bienes de interés cultural o catalogado y estén situados en una zona clasificada como urbana o rústica.
En materia de vivienda, a las medidas fiscales anunciadas el día anterior se le añade propuestas para ampliar las viviendas de promoción pública. Podrán hacerse en edificaciones existentes situadas en núcleos rurales o nuevas promociones en terrenos que estrictamente no están contiguos a la trama urbana –una novedad con respecto a la normativa actual–, pero deben cumplir dos condiciones: colindar con equipamientos y contar con servicios y red viaria que permitan su conexión con el núcleo urbano sin dificultad.
Con la redacción actual solo se podían desarrollar proyectos residenciales estratégicos en suelos urbanizables con uso residencial asignado por el planeamiento. Con esta modificación, se permite también la tramitación de estos proyectos en suelos urbanizables de uso global turístico, siempre que todas las viviendas resultantes estén sujetas a algún régimen de protección pública. De este modo se eliminan futuras edificaciones de uso turístico y se sustituyen por viviendas para residentes.
Las enmiendas pretenden agilizar la tramitación de proyectos urbanísticos y se elimina la petición del informe de recursos hídricos en ciertos casos: si el Plan general ya está informado por recursos hídricos los planes (planes parciales) y actos (licencias) no necesitan nuevamente informe con dos limitaciones: que haya sido informado hace más de 8 años o que ese plan incluya modificaciones que varíen el sentido del informe. En estos momentos Recursos Hídricos tiene pendientes de tramitación 779 expedientes de los que 361 corresponden a viviendas y 418 a otras tipologías.
En materia de vivienda, se establece la tramitación preferente (y no únicamente urgente) en los procedimientos de licencias urbanísticas y autorizaciones para todas las viviendas sometidas a protección pública por delante de cualquier otro tipo de vivienda de precio libre.
Las enmiendas suben hasta 331.000 el límite de precio de las viviendas para que los menores de 30 años no paguen ITP, pero esa rebaja afectará a los 270.000 euros iniciales y no al resto.
El PP quiere blindar la legalización de viviendas en suelo rústico y ha presentado enmiendas a la ley de proyectos estratégicos para intentar que no sea anulada por el Tribunal Constitucional. El proceso de legalización, al que ya se han acogido unas 2.000 construcciones, planteaba como norma general el silencio positivo de la Administración.
La norma contradice claramente la ley estatal, por lo que estaba asegurado que ese artículo en concreto era inconstitucional. El GOB, STEI, CCOO, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Amics de la Vall de Coanegra, OCB, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Amics de la Terra y Palma XXI y el Fórum de la Sociedad Civil, a través de diputados del PSOE y de Sumar-Més en el Congreso, promovieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta legalización que va más allá del simple silencio positivo, por lo que no está claro que este intento del PP sirva para blindar efectivamente la ley. El intento de blindaje se hace a través de estas enmiendas
El PP mantiene su propuesta de externalización de servicios que ahora presta la Administración que ahora hacen los funcionarios de forma que convivan los servicios públicos con agentes privados. Se crean oficinas externas de atención al público en manos privadas que podrán hacer trámites con la administración a cambio de una contraprestación económica. Este sistema ya funciona para las licencias urbanísticas.
Sin embargo, el PP no ha cerrado, por el momento, un acuerdo con Vox para esta medida ni para las otras 87 recogidas vía enmienda. Es decir, todo esta paquete legislativo está en manos de Vox que ya ha avisado que no le pondrá las cosas fáciles al PP ya que de entrada pide que se vuelva a la toponimia bilingüe en las Islas, es decir Palma-Palma de Mallorca, Maó-Mahón y otras como Santanyí-Santañí.
Las enmiendas son de tal calado que el PP presenta una que incluso cambia el título de la ley para que conste que también se añaden medidas de simplificación administrativa. En estos momentos, no hay ninguna garantía de que todas las propuestas del PP salgan ya que es Vox quien tendrá la última palabra. El proceso de negociación será muy largo y ya se espera que la norma no se apruebe como mínimo hasta el final del periodo parlamentario, es decir, en junio.
OKUPAS=DELINCUENTES SINVERGÜENZAS. A LA CÁRCEL CON ELLOS. QUE OKUPEN ALLÍ UNA CELDA!!!!!