Baleares fue el pasado año la segunda comunidad con mayor número de sanciones por incumplimiento de la ley de cadena alimentaria, en concreto con 84, mientras que Cataluña fue la primera con 442. Las comunidades autónomas (CCAA) aumentaron las inspecciones para comprobar el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria en sus territorios a lo largo de 2025, con un saldo de 793 sanciones (+98,74 % respecto a 2024), de las que más de la mitad, 442, se dirigieron a operadores en Cataluña.
Estas sanciones se suman a las 991 que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)- impuso durante el pasado ejercicio, en el que recibió 28 denuncias que posteriormente investigó de los sectores hortofrutícola, de frutos secos, aceituna y vitivinícola. Desde el inicio de su actividad en 2014, la AICA ha realizado 8.407 inspecciones de oficio que han dado lugar a 4.947 sanciones por un valor total cercano a los 28 millones de euros.
Los ejecutivos regionales, que también tienen órganos competentes en materia de control del cumplimiento de la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, realizaron solo el año pasado 705 inspecciones de oficio (399 la AICA), lo que supuso la supervisión de 2.858 relaciones comerciales (2.978 la AICA), así como otras 19 por denuncias.
El Ejecutivo catalán fue el que impuso más sanciones por incumplimiento de la Ley de cadena (442) tras inspeccionar relaciones comerciales en los sectores de porcino (184 sanciones), uva para vinificación (96), forrajes (44), acuicultura (37), miel (23), arroz (21) y leche cruda (0), así como el funcionamiento cooperativo (1). De las infracciones que sancionó, 96 fueron por «no incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos alimentarios»; 90, por «incumplir la obligación de inscripción en el registro de contratos alimentarios»; 79, por «no incorporar en el contrato alimentario el precio» y 78, por «incumplimiento de plazos de pago».
Las restantes sanciones fueron por «exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado en el contrato alimentario» (60); «no formalizar por escrito los contratos alimentarios» (38) y por «no cumplir con la excepción de formalización de contratos alimentarios con los socios» (1). Murcia, a la cola en controles y sanciones Tras Cataluña, las regiones que han anotado más sanciones son Islas Baleares (84), Andalucía (82), La Rioja (78), Galicia (39) y Castilla y León (28); en todas ellas se ha producido un aumento de las infracciones sancionadas respecto a 2024.
En contraste, el número de sanciones se ha reducido en la Comunidad Valenciana (bajan de 25 a 12 en 2025); País Vasco (bajan de 89 a 8); Madrid (pasan de 5 a 3); Castilla-La Mancha (pasan de 11 a 2); Extremadura (pasan de 3 a 2) y Navarra, donde el descenso pasa de las ocho de 2024 a cero. La Región de Murcia, según el informe anual de las autoridades de ejecución de las CCAA, es la que ha realizado menos controles de oficio para verificar las relaciones comerciales de la cadena y ha supervisado menos relaciones comerciales, lo que se ha traducido en la ausencia de sanciones tanto en el ejercicio pasado como en el anterior.