El Govern quiere endurecer las multas a quienes cometan ilegalidades urbanísticas en áreas del litoral hasta el punto de que doblará el importe de las sanciones y los infractores tendrán que pagar hasta el 200 % del valor de la obra. El nuevo anteproyecto de ley de ordenación y gestión integral del litoral incorpora un régimen sancionador mucho más severo con el objetivo de poner fin a la impunidad en la primera línea de mar.
En el caso de las obras ilegales en zonas protegidas, como la servidumbre de protección o el dominio público marítimo-terrestre, las multas podrán alcanzar entre el 50 % y el 200 % del valor de la obra ejecutada. El objetivo, según el texto, es evitar que infringir la normativa resulte rentable para los infractores.
Para aquellos casos en los que el daño no pueda calcularse económicamente, la ley establece un sistema de sanciones por tramos. Las infracciones leves se castigarán con multas de entre 1.000 y 10.000 euros y la sanción va in crescendo hasta las muy graves, que podrán llegar al millón de euros, especialmente cuando se produzcan daños irreversibles al ecosistema o una ocupación masiva del dominio público.
Otra de las novedades relevantes es la prioridad que se concede a la restitución del terreno afectado. La norma introduce un sistema de ejecución subsidiaria simplificada que permitirá actuar con mayor rapidez ante construcciones ilegales.
Demolición inmediata
Por ejemplo, si un propietario levanta una piscina, un cierre o cualquier otra estructura en la zona de servidumbre, la administración podrá ordenar su demolición inmediata. En caso de que el infractor no la ejecute dentro del plazo establecido, el Govern podrá derribarla con medios propios y trasladar posteriormente el coste al responsable, además de imponer la multa correspondiente.
La ley introduce además un mecanismo vinculado a la denominada «capacidad de carga» de las playas. Las empresas que gestionan servicios de temporada, como hamacas, chiringuitos o escuelas de vela, deberán respetar los límites de usuarios establecidos en los planes de gestión. Superar esas cifras podrá implicar la revocación inmediata de la concesión, multas importantes y la pérdida del derecho a explotar el servicio durante varios años.
El anteproyecto también refuerza la protección del libre acceso al mar y cualquier obstaculización del paso –mediante vallas, muros o incluso carteles falsos de ’propiedad privada’– será considerada una infracción grave. La administración podrá retirar estos obstáculos de manera cautelar en un plazo de entre 48 y 72 horas desde que se presentó la denuncia.
En paralelo al endurecimiento del régimen sancionador, el texto también incorpora medidas destinadas a preservar el patrimonio litoral tradicional. Las construcciones catalogadas bajo esta figura deberán mantenerse en buen estado de conservación.
Sanción por no conservar
Si se permite su deterioro deliberado para provocar su ruina será sancionado, del mismo modo que realizar obras de modernización no autorizadas, como sustituciones con carpintería de aluminio o añadidos de hormigón, podría conllevar la pérdida de la protección patrimonial e incluso una orden de derribo. El anteproyecto está a punto de ser aprobado por el Consell de Govern para remitirlo al Parlament.
Nuria Garcia“La piscina de Pedro J. Ramírez es un tema de larga controversia. Su situación es la siguiente: Ilegalidad confirmada: Varios tribunales, incluyendo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han ratificado la ilegalidad de la piscina y otras construcciones anexas (terraza, escaleras, embarcadero) porque invaden el dominio público marítimo-terrestre. Orden de demolición: En marzo de 2024, la Audiencia Nacional ordenó la demolición forzosa de las instalaciones tras rechazar los recursos presentados por el periodista y su hijo. Proceso pendiente: A pesar de las sentencias firmes que datan de hace años, la demolición no se ha llevado a cabo. En febrero de 2026, el periodista atribuyó el retraso a problemas burocráticos con el Govern.