«El decreto de vivienda del Gobierno genera indefensión a los propietarios y eso es negativo para los inquilinos», asegura el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Baleares, José Miguel Artieda. Además, sostiene que la limitación de la subida del alquiler no tendrá impacto porque las subidas del alquiler ya están limitadas por el índice de referencia, que actualmente es del 2,3 % y el Ejecutivo pretende que no se haga por encima del 2 %.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 22 de marzo dos decretos ley con medidas para hacer frente a la crisis económica derivadas de la guerra en Irán. El de bajada de impuestos fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado jueves, pero el que hace referencia a la vivienda no se presentó, ya que no cuentan con los apoyos necesarios, por lo que todo apunta a que decaerán en un mes, el plazo máximo que tiene el Ejecutivo para llevarlas a la Cámara baja. Ante esta situación, la PAH llama a los inquilinos a una ofensiva legal para blindar este mes los más de 24.000 contratos que caducan este año.
Sin embargo, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares advierte que durante este tiempo serán muy perjudiciales para la vivienda, que en el caso de las Islas es el principal problema que padecen los ciudadanos. «Lamentablemente estamos ante medidas políticas que persiguen un interés propio o una voluntad de una minoría, sobre algo tan relevante como es la vivienda».
Artieda argumenta que la congelación de subidas de las rentas del alquiler al 2 % «no tendrá mucha incidencia, ya que con las alzas ya están sujetas al índice de referencia aprobado por el Gobierno, que actualmente está en torno al 2,3 %». Aunque admite que «futuras limitaciones a subidas desproporcionadas ante escaladas de precios sería entendible», precisa que «todavía no ha llegado el caso. Por tanto, puede afectar negativamente al mercado al prevenirse de ello y anticiparse las subidas».
Falta de apoyos
En cuanto a la renovación forzosa de dos años de aquellos contratos que hayan vencido tras las prórrogas obligatorias, el representante de las agencias inmobiliarias de Baleares avisa que «genera desajustes normativos e indefension al propietario, que se ve obligado a hacer un sacrificio a cuenta del Estado, lo cual esta lejos de ese perseguido equilibrio». Además, subraya que «el mayor de los perjucios son las manchas legislativas temporales, puesto que este decreto puede estar vigente únicamente durante un mes, afectando durante dos años a los contratos que venzan durante este periodo».
Como se recodará, el pasado viernes el Gobierno de coalición vivió su crisis más importantes, ya que los cinco ministros de Sumar se negaron a entrar en la reunión del Consejo de Ministros extraordinario, convocado para aprobar las medidas para hacer frente a la crisis económica derivada del conflicto en Oriente Medio, si no se incluían actuaciones realacionadas con la vivienda. Tras dos horas y cuarto, Pedro Sánchez cedió y sus socios entraron en la reunión. Sin embargo, se optó por aprobar dos decretos, ya que Junts y el PNV no habían garantizado su voto a favor en el Congreso. PP y Vox también están en contra.
Desde el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 defienden el decreto ley de vivienda y aseguran que es especialmente importante para comunidades como Baleares, donde este 2026 finalizan e24.456 contratos de alquiler. Por ello, insisten en la necesidad de convalidarlo en el Congreso de los Diputados. Fuentes del departamento liderado por el ministro Pablo Bustinduy precisan que de esta cifra hay que quitar los que ya se hayan renonavado a lo largo de este primer trimestre.
Falta de consenso
Artieda resalta que «desde API Baleares consideramos que cualquier legislación sobre este ámbito debe fundamentarse en datos objetivos, estudios científicos, empíricos. Además, debe elaborarse con la participación y colaboración de las organizaciones profesionales del sector, que contamos con los conocimientos y experiencia necesaria para un buena preparación. Y, con posterioridad a su aprobación por consenso, llevar una evaluación que permita un control de las normas para determinar su continuidad o modificación».
El presidente de API asegura que «actualmente contamos con todos los requisitos para hacerlo correctamente, pero falta el tan deseado consenso. Esto conduce a juegos de política que provocan desequilibrios entre las partes, desajustes normativos, empobrecimiento legislativo y temor económico; logrando un efecto radicalmente opuesto a deseado y un círculo perverso que provoca más parches normativos para subsanar los efectos negativos provocados». Por ello, reivindica «leyes y normas sólidas, que aporten seguridad a las partes; así como al mercado, y que logren el equilibrio justo entre el interés social y el sacrificio del propietario».
Acción. Reacción. Iba a alquilar una vivienda. Ahora ya no.