El efecto del paquete de medidas anunciado por el Gobierno para paliar el impacto económico de la guerra de Irán estará por encima de los 70 millones de euros en concepto de ayudas directas y rebajas fiscales. A todo eso, que son las medidas coyunturales, se deberá añadir la extensión del bono eléctrico y del bono térmico, además de otras medidas estructurales y del alargamiento por dos años de los contratos de alquiler de vivienda, lo cual afectará a 24.000 contratos de las Islas que expiraban este año.
Así lo ha confirmado la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, tras la reunión que tanto ella como el delegado de Gobierno, Alfonso Rodríguez, han mantenido con los agentes sociales, incluidos representantes de CAEB y PIMEM, patronales del sector del transporte y los sindicatos UGT y CCOO. Sánchez ha puesto en valor que ya esté sobre la mesa este paquete de medidas estatal en el momento en que la guerra de Irán entra en su cuarta semana.
Asimismo, ha subrayado que es un plan «abierto» que «se irá adaptando a las necesidades todo el tiempo que dure la guerra», con una primera batería de medidas que deben alcanzar, a priori, hasta junio. A nivel estatal, ha precisado, prevé el despliegue de 5.000 millones de euros a través de unas 80 medidas diferentes que deben llegar a más de 20 millones de familias y miles de empresas.
Por su parte, el delegado de Gobierno ha reclamado el apoyo de la derecha al rechazo a la guerra y ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que se encuentre «en el Caribe» durante todo este periodo de encuentros con sindicatos y sector empresarial para tratar de contener el impacto económico del conflicto bélico. Para Rodríguez, «es muy poco explicable» que la presidenta balear «no esté donde debe estar».
«La agenda de un responsable político tiene que estar al servicio de la ciudadanía y no la ciudadanía a expensas de la agenda del responsable político. Y ahí la señora Prohens parece que no lo acaba de entender», ha criticado el delegado.
Desde el lado de las patronales, especialmente críticos han sido desde el sector del transporte, calificando de «insuficiente» este primer paquete de medidas. De este modo, han reclamado ayudas directas que permitan a los transportistas continuar con su actividad, sobre todo en el segmento de mercancías. «Necesitaríamos mucho más, porque tenemos en un doble problema al estar en unas islas y tener unos fletes marítimos que van subiendo semana a semana», ha remarcado Ezequiel Horrach, presidente de la asociación de transporte de mercancías vinculada a FEBT y a CAEB. «No tenemos ninguna ayuda directa y si las empresas van a perder dinero cada día en breve no van a poder seguir trabajando». Esas ayudas, ha añadido, deberían ser además «rápidas», ya que «estamos a punto de empezar la temporada».
Desde ASTAM, la patronal de autónomos del transporte integrada en PIMEM, califican de «decepcionantes y perjudicales» las medidas del Gobierno, ya que, a su juicio, «premian más» a los vehículos privados que a los profesionales, «pese a ser estos últimos los más castigados por la guerra». Su presidente, Jeroni Valcaneras, señala que «es falso que las medidas vayan dirigidas a apoyar a los sectores profesionales más afectados por la crisis como se recoge en el Decreto. Y además resulta incomprensible que en el actual momento de escalada del precio del crudo a nivel internacional se fomente el uso del vehículo particular en detrimento del transporte público».
El vicepresidente de CAEB, José Antoni Roselló, señaló que aunque el plan de cobertura va dirigido principalmente a la ciudadanía, el tejido de empresarial precisaría de más medidas tanto por parte del Gobierno como del paquete complementario del Govern, sobre todo en caso de que el conflicto se prolongue. «Hay que ir pensando en una vuelta de tuerca». Rafel Matas, vicepresidente de PIMEM y presidente de la asociación de estaciones de servicio de esta patronal, se expresó en términos similares al referirse al agravante de la insularidad y a la dilatación en los periodos de liquidación de las ayudas. «Cobrar descuentos a dos años o dos años y medio en realidad no ayuda nada».
Por parte de los sindicatos, Pedro Homar (UGT) y Daniel Cámara (CCOO) han destacado su apoyo a la mayor parte de medidas tomadas desde el Gobierno y han reivindicado la necesidad de que se acabe aprobando el decreto con las medidas relativas a la vivienda. Asimismo, han exigido al Govern que afronte responsabilidades precisamente en la cuestión habitacional declarando Baleares como zona tensionada a fin de controlar de manera más restrictiva las subidas de precios.
Ja ha fet més que el ppvox, que esperen que na risitas torni de ballar bachata