Las declaraciones de vulnerabilidad apenas cubrieron una quinta parte de los desahucios que se llevaron a cabo en Balears. El Consejo General del Poder Judicial ha incluido por primera vez en sus datos estadísticos sobre lanzamientos de vivienda los que han sido suspendidos como consecuencia del denominado escudo social, las medidas puestas en marcha a raíz del COVID y de la Guerra de Ucrania derogadas el mes pasado. En el último trimestre del año pasado el número de desahucios marcó un mínimo absoluto en Balears durante toda la serie que recoge el Consejo. Apenas 124, por 210 el anterior.
En ese mismo periodo de tiempo los juzgados recibieron 125 peticiones de familias que pedían paralizar la medida de desalojo ante una situación de posible vulnerabilidad. De todas esas se resolvieron 88 y se concedieron menos de una tercera parte: 25. Buena parte del retraso viene de las entidades públicas que tienen que emitir los informes de vulnerabilidad. El relativamente bajo impacto del escudo social puede tener que ver con las prevenciones de los propietarios, tras años en vigor de la medida a la hora de permitir el acceso a viviendas de colectivos que puedan acogerse a él, como familias con menores de edad. En cualquier caso, con la caída de la medida ahora se podrían reactivar los desalojos de viviendas que ahora mismo estaban paralizados por la medida.
La bajada de los desahucios se refleja en los datos globales del año 2025. Cayeron en total un 22 por ciento y se quedaron en 851 en los doce meses. Son cifras de las más bajas nunca registradas, especialmente en lo que tiene que ver con hipotecas. Solo se ejecutaron 89 aunque se presentaron 459 demandas de ejecución. El grueso, 731 desahucios, tuvieron que ver con la Ley de Arrendamientos Urbanos. El impacto sigue siendo elevado en las Islas: son la segunda autonomía con mayor número de inquilinos desalojados en función de su población, solo por detrás de Catalunya.
Los datos anuales del Consejo confirman el aluvión de personas físicas que intentan acogerse al procedimiento de segunda oportunidad para eliminar sus deudas. Es una tendencia algo menos acusada que a nivel nacional pero que ha hecho multiplicarse estos procedimientos en los últimos años. El total de concursos pasó de 1.348 en 2024 a 2.075 en 2025; un incremento del 53 por ciento. Aunque la gran mayoría son de personas físicas, las situaciones de insolvencia en empresas también han crecido en un 38 por ciento hasta ser 116.
Otro indicador que se repite es la bajada de los procedimientos monitorios. En todo el año cayeron un 15 por ciento, en especial a partir de la entrada en vigor en abril de la Ley de Eficiencia que implica la obligación de acudir a algún tipo de mediación antes de interponer una demanda en el juzgado. Por otro lado, el número de propietarios que acudieron al proceso para desalojar okupas fueron exactamente los mismos que un año antes: 107.
saludoI per què s'ha de canviar sa llei perquè tu puguis fer negoci? A jo me sembla més important i més d'interès general que tothom pugui pagar un ca seva abans que qui té més d'una casa faci es millor negoci possible.