La Comisión Europea ha expresado su oposición a la prohibición de crear nuevas plazas turísticas en edificios de viviendas plurifamiliares en todo Baleares, una medida que afecta también a Menorca y que está prevista en el decreto de contención que el Govern aprobó el pasado año. Bruselas ya la miraba entonces con malos ojos y los intentos del Ejecutivo por convencer a la Comisión a lo largo del último año no han dado sus frutos y esta ha ordenado que la normativa sea rectificada.
El veto definitivo del organismo europo ya ha sido expresado y comunicado al Govern oficialmente: la Comisión Europea considera que la prohibición de nuevas licencias de alquiler vacacional en edificios de pisos no está lo suficientemente justificada, ya que, a su juicio, vulnera la Directiva de Servicios y la libertad de establecimiento de la Unión Europea (UE).
Estos últimos son reglamentos tendentes a reducir los obstáculos legales y administrativos de ciudadanos y empresas a la hora de prestar servicios y desarrollar actividades económicas en los Estados comunitarios.
Los argumentos de Bruselas gravitan en torno al carácter extensivo de la normativa balear: la Comisión considera que este tipo de restricciones solo podrían aplicarse de forma quirúrgica en zonas o barrios concretos en los que se acredite una tensión real en el mercado de la vivienda de alquiler, pero no como una normativa global para todo el Archipiélago.
No puede ser indiscriminado
En ese sentido, se apunta que una medida de esta índole podría tener cabida en una isla con unas dimensiones reducidas como Formentera. No sucede lo mismo con el resto de islas: Mallorca, Menorca e Ibiza comprenden territorios demasiado extensos que requerirían delimitar las restricciones normativas a zonas concretas.
De este modo, se remarca que se trata de una prohibición general «desproporcionada» que atenta contra la libertad de empresas sin que se presenten justificación suficiente. En el caso de Menorca, la norma aprobada por el Govern ha pasado por encima de las zonas aptas y no aptas para el alquiler turístico que tenía aprobadas el Consell.
De hecho, la Comisión Europea ya expresó sus objeciones el año pasado, nada más aprobarse el decreto. Concretamente, después de la convalidación del texto en el Parlament. En ese caso, se envió una primera comunicación formal al Ejecutivo autonómico advirtiendo de que la prohibición de nuevas licencias de alquiler vacacional podrían vulnerar la Directiva de Servicios y el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el cual prohíbe las restricciones a la libertad de establecimiento de ciudadanos originarios de un Estado miembro en otro.
El Govern contestó en el mes de septiembre con un argumentario en el que sus servicios jurídicos defendían la legitimidad de la normativa y se mantenían firmes en su voluntad de aplicarla. Pero la última misiva de Bruselas confirma que el organismo comunitario no va a dar su brazo a torcer. Después de analizar detenidamente todos los datos aportados desde Baleares, el posicionamiento continúa siendo el mismo.
La resolución de la Comisión Europea tiene un carácter vinculante. Es decir, que no es un mero dictamen de efectos consultivos, sino que insta abiertamente al Govern a rectificar una normativa que no se considera conforme a Derecho. Por ello, este organismo podría reservarse la potestad de abrir un expediente e imponer sanciones económicas o de otro tipo en caso de no cumplirse con lo estipulado en su última respuesta. En cualquier caso, la Comisión Europea no puede multar directamente a una comunidad autónoma, ya que la responsabilidad recae siempre sobre el Estado miembro al que pertenece esa institución, esto es, el Gobierno de España.
Así, aunque la infracción sea causada por la acción u omisión de una comunidad autónoma, una diputación provincial, un consell insular o un ayuntamiento, el único interlocutor de Bruselas y responsable es el Gobierno del Estado.
loque?A ca teva fas el que vols ? Si , pero amb conseqüències