La magistrada Margarita Poveda Bernal rechaza cualquier delito en el concurso de la empresa que gestionaba el Hotel Azul de Platja de Palma. La jueza ha sido juzgada acusada por la Fiscalía de un delito de prevaricación por el que le reclama quince años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros. Su tesis principal es que su actuación no tuvo efectos reales y que si se incumplió un auto que cesaba al administrador concursal de la empresa fue porque la oficina judicial no lo hizo cumplir. «¿Y por qué no intentó ejecutar la resolución?», le preguntó el presidente del tribunal. «Entendía que ya se tenía que haber hecho. No interfiero en lo que no me corresponde. No era una resolución mía».
El juicio a Poveda se produce en medio de una serie de procesos judiciales en torno al hotel. De hecho, el denunciante de la jueza está pendiente a su vez de ser juzgado por un delito de estafa a los propietarios y, estos, a su vez están investigados en un juzgado de Instrucción. En ese caldo de cultivo, a Poveda se le juzga por dos decisiones. En el año 2023 llegó al juzgado que tramitaba el concurso unas semanas después de que la anterior magistrada hubiera dictado un auto en el que cambiaba al administrador concursal de la empresa Grupo 4, que gestionaba el hotel.
Las acusaciones defienden que, nada más llegar, Poveda dictó una providencia en la que dejaba en suspenso esa decisión, mantenía al administrador en su puesto y más tarde, impedía que se recurriera esa medida. El denunciante afirmó en el juicio que, tras esa secuencia, el administrador devolvió el control del hotel a sus propietarios: «Fue un desastre, arruinó a la empresa».
La versión de Poveda es otra. La magistrada defiende que su providencia no entraba en quién era o no el administrador. «Me era indiferente». Explicó que dictó esa resolución tras una petición de auxilio judicial de la administración concursal porque los responsables de la empresa habían accedido a las instalaciones del hotel. «Entiendo que intentan tomar el control y que no se puede permitir de ninguna manera. Accedo a la petición de auxilio al entender que son hechos gravísimos. Un asalto al hotel». Sobre por qué no aceptó luego recursos contra esa resolución sostiene que hay controversia sobre si se puede o no. «Era un concurso más. No tenía ningún interés personal, no conocía a nadie».
El funcionario que tramitaba ese concurso es una de las principales pruebas de la Fiscalía. En su declaración, sostuvo que la jueza conocía que se había cesado al administrador pero que le dijo que todavía no se ejecutara porque había recursos pendientes. Sobre el contenido de las providencias: «No eran de medio trámite, la magistrada me dijo lo que tenía que poner, el contenido exacto». También apuntó a otras peculiaridades: «Solo se hacía con esta magistrada. Ella ponía sin recurso. En otros concursos, con otros jueces no ha sido así» e insistió en que él dio traslado de todo lo que acontecía en ese concurso a la ahora acusada. La letrada de la administración de justicia avala esa versión de que el funcionario lo trataba todo de forma directa con el funcionario: «A mí no me lo comunicaron». La defensa les atacó a ambos: «¿Han consensuado las respuestas?». El juicio quedó visto para sentencia tras una maratoniana sesión en el TSJIB.
Qué lío. No he entendido ni mucho ni poco. Por la música, que no por la letra, deduzco que la acusada tomaba decisiones problemáticas porque sí, por no meterse en terreno ajeno, porque había cosas -ajenas a su quehacer- que ya tendrían que estar hechas, con mucha indiferencia.