Una vecina de Mallorca ha denunciado públicamente la situación que, según su testimonio, sufren numerosos animales en dos protectoras de la isla, calificando los hechos como un «incumplimiento flagrante y continuado de la Ley de Protección Animal».
La denunciante, Leonor Bauzá, relata que en enero decidió hacerse cargo de una perrita de nueve años tras encontrarla en una situación que define como un «limbo administrativo y humano». El animal había sido recogido por la policía local de Selva, pero, según explica, el ayuntamiento se negó a asumir su mantenimiento debido a discrepancias sobre el registro del chip.
«No pude consentir dejarla allí», asegura Bauzá, quien afirma haber pagado de su bolsillo la estancia del animal durante un mes en la protectora antes de poder sacarla. Describe ese periodo como «terrible y sórdido», tanto para la perrita como para el resto de animales que pudo observar.
Según su testimonio, los perros permanecen «enjaulados, sobre suelos mojados de forma continuada, sin ejercicio diario», en condiciones que considera incompatibles con la normativa vigente. También denuncia la presencia de animales enfermos, algunos con infecciones, heridas en las patas o patologías como leishmaniosis, así como episodios de extrema desatención. «Hay animales que mueren en sus jaulas sin que nadie se dé cuenta hasta el día siguiente o incluso varios días después porque cierran el fin de semana de manera incomprensible», afirma.
Bauzá sostiene que los perros más vulnerables, como los de edad avanzada o los catalogados como potencialmente peligrosos, son los que pasan más tiempo encerrados debido a la dificultad para ser adoptados. «De ninguna manera deberían pasar sus últimos años en condiciones tan indignas», lamenta.
Además, denuncia la falta de transparencia en ambos centros. Asegura que no existen inspecciones periódicas visibles ni hojas de reclamación accesibles, y critica las restricciones impuestas a voluntarios, a quienes —según indica— se les dificulta documentar la situación. «Si no se entra en los caniles, no se ve la realidad», señala, apuntando que las zonas visibles al público no reflejan el estado general de las instalaciones.
El relato incluye también un episodio previo al ingreso del animal en la protectora, en el que la perrita habría permanecido más de 15 horas encerrada en una jaula en una clínica veterinaria, sin comida ni agua, antes de ser trasladada. La denunciante menciona a varios testigos y personas implicadas en el proceso, incluyendo una veterinaria local y una supuesta casa de acogida que finalmente no se hizo cargo del animal.
La denunciante cuestiona que centros financiados con fondos públicos «funcionen de esta manera» y reclama una revisión urgente de su gestión. «Se trata de dinero de todos, y su responsabilidad, que debería ser ejemplar, muchas veces no lo es», concluye.
Como todos los días en este mundo de locos, los inocentes son los que sufren.