El decreto anticrisis del Govern recuperará la deducción fiscal para compensar el alza de las hipotecas variables, una medida que ya se aplicó en Balears para los ejercicios fiscales de 2022, 2023 y 2024; fruto, entonces, del paquete de medidas por la guerra de Ucrania que elaboró el Ejecutivo anterior. El texto que se aprobará este miércoles en un Consell de Govern extraordinario incluirá esta rebaja en el IRPF, en los mismos términos, para el ejercicio 2026: un máximo de 400 euros por contribuyente para contrapesar la diferencia en los intereses respecto al año anterior, con el requisito de que la hipoteca sea sobre la vivienda habitual.
Fue una de las peticiones que hizo el PSIB, igual que la subida salarial del 1,5 % a los funcionarios, que también ha sido incorporada al decreto. Esta actualización salarial corresponde a 2026 y se aplicará con carácter retroactivo desde enero. El paquete de medidas también incluye líneas de ayudas y mecanismos de liquidez para las empresas, entre otros ejes, y movilizará más de 160 millones de euros.
El PSIB aseguró ayer su apoyo al decreto, lo que sumado a los votos del PP garantiza su convalidación en el Parlament independientemente de lo que decidan hacer el resto de grupos. El portavoz socialista, Iago Negueruela, incidió en que su partido es «serio» y con vocación «de gobierno», marcando distancias con Vox. Ese mensaje al PP para que confíe en el PSIB en lugar de en sus socios habituales también se reprodujo en la sesión de control durante el pleno, cuando Marc Pons ofreció los votos de los diputados socialistas para sustituir al presidente del Parlament y líder de Vox en Balears, Gabriel Le Senne, por un presidente del PP: «Para que ustedes elijan al que quieran».
El diputado del PSIB repasó distintos episodios en torno a Le Senne esta legislatura, el más reciente su ausencia por un viaje a Hungría para apoyar a Viktor Orbán con Vox y los Patriots europeos. La consellera de Presidència, Antònia Estarellas, cerró la puerta al ofrecimiento del PSIB para cesar a Le Senne diciendo que no se fía de su «mano extendida» del socialismo.
Medidas sociales
Más allá del apoyo al apartado económico al decreto, el PSIB matizó que le «falta la parte social», y que la seguirán reclamando. En el pleno, la consellera de Famílies, Sandra Fernández, indicó que el Govern está «preparado» para adoptar ese tipo de medidas «si es necesario», lo que daba a entender que un segundo decreto dependerá de la evolución de la crisis.
Desde la Conselleria trasladaron que tienen definido ese paquete de «posibles medidas» y que lo quieren trabajar con entidades; en cualquier caso, Fernández remarcaba en la sesión de control que el decreto económico pretende evitar precisamente que el aumento de costes llegue al consumidor final.
En paralelo, Vox solicitó incorporar al texto otras propuestas, entre ellas más deducciones fiscales para vivienda (entre ellas, ampliar las rebajas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) y medidas de alivio fiscal para autónomos y pymes. También plantean reforzar líneas de apoyo al sector primario, pesca y transporte, pero incluyen en sus propuestas otras de sus reivindicaciones habituales, como una auditoría para eliminar «gasto superfluo» y cuestiones urbanísticas. En este sentido, cabe señalar que en las últimas semanas el Govern ya había anticipado que no es partidario de incluir en el escudo anticrisis cuestiones estructurales que no estén directamente vinculadas con las consecuencias del conflicto.
En el comunicado informando de sus peticiones Vox no confirmó ni descartó su apoyo al decreto. El lunes la portavoz, Manuela Cañadas, se quejaba de las maneras del Govern por la presentación de las medidas a los agentes sociales sin esperar a sus aportaciones. Ayer en el Parlament Vox volvió a escenificar descontento con el PP, en este caso por el cumplimiento de acuerdos: el portavoz adjunto, Sergio Rodríguez, preguntó al Govern si cambiará algo con la derogación de la Ley de Memoria Democrática autonómica: «En este parlamento legislamos para que nada cambie», protestó, ironizando con que van a necesitar «acuerdos de 6.000 folios, con un notario y entrega de rehenes».
En que quedamos, estas medidas anticrisis son promovidas por el PSIB o el PP con VOX? no queda la cosa muy clara. Si viene de la derecha es por iniciativa de VOX ya que la señora presidenta señora Prohens carece de estas sensibilidades.