La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han defendido en el Tribunal Supremo (TS) no haber dado órdenes durante sus mandatos como presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente, para comprar mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. Con sus testimonios como testigos, remitidos por escrito al Supremo y que han sido leídos por la letrada de la Administración de Justicia en el Salón de Plenos del TS, ha arrancado el juicio este martes en el que Ábalos y Koldo se enfrentan a peticiones de pena de hasta 30 años de cárcel, mientras que para el tercer acusado, el propio Aldama, se piden 7 años, ya que ha reconocido los delitos.
Armengol ha indicado en su escrito, según lo leído ante el tribunal, que como presidenta del Govern balear durante la pandemia no estaba al tanto de la tramitación de cualquier expediente administrativo y no hizo contrataciones ni indicaciones sobre a quién se debía contratar, «ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro». La expresidenta ha señalado que, seis años después, no recuerda todas las comunicaciones que tuvo en aquella época y ha dicho que no descarta que entre esas personas «pudiese encontrarse García». «De hecho, con posterioridad, pude saber, como consecuencia de publicaciones del sumario en medios de comunicación, que al parecer me envió algún mensaje a través de la aplicación WhatsApp», ha admitido. Tras ello, ha querido subrayar que «nunca» habló con Koldo «ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra» y sobre Ábalos ha afirmado igualmente que «nunca» tuvo conversación «sobre ninguna contratación de material sanitario».
«Ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo y, obviamente, tampoco me hizo referencia a ninguna empresa suministradora de material sanitario», ha añadido. Y ha apostillado que, por aquellas fechas, las únicas comunicaciones que tuvo con el entonces ministro de Transportes fueron «referidas esencialmente al cierre de puertos y aeropuertos». Respecto a Aldama, Armengol ha expresado que desconocía su papel y que tampoco «nunca» participó en «conversación alguna sobre la contratación objeto de juicio».
«Mientras he sido presidenta de Baleares, nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Por tanto, en esta afirmación, incluyo, claro está, a la sociedad Soluciones de Gestión», ha asegurado en alusión a la empresa vinculada a Aldama y presunto epicentro de la trama, que cobró 3,7 millones de euros de Baleares por material sanitario. A ello ha agregado que, como presidenta de Baleares, no recibió ningún tipo de orden o presión para contrataciones. «Así como tampoco tuve conocimiento de que algún cargo público o persona vinculada a la administración recibiese órdenes o presionase para que se comprara a determinados proveedores», ha insistido.
TORRES DEFIENDE QUE LA COMPRA EN CANARIAS SE HIZO CON «RIGOR»
Por su parte, Torres ha repasado en su escrito, de acuerdo a lo leído por la letrada de la Administración de Justicia, los distintos pedidos de mascarillas que hizo el Servicio Canario de Salud a Soluciones de Gestión. El expresidente canario ha indicado que la empresa vinculada a Aldama entregó más de 5 millones de mascarillas por un importe de 12,3 millones euros, de los cuales 11,8 millones correspondieron al suministro de mascarillas y 447.061 euros a los gastos de transporte. Torres ha manifestado que, como presidente de Canarias, fue conocedor de los expedientes de contratación cuando Koldo contactó con él para trasladarle «su preocupación por la falta de respuesta e incumplimiento de condiciones contractuales» con Soluciones de Gestión.
«Al recibir esta preocupación y verificar que existían compromisos pendientes de cumplimiento entre el Servicio Canario de la Salud y la mercantil Soluciones de Gestión, hice un seguimiento de estos expedientes para tener la tranquilidad que se le daba la correcta respuesta administrativa, respetando en todo momento las decisiones que los servicios técnicos y jurídicos del Servicio Canario de Salud entendían más adecuadas ante cada circunstancia», ha expuesto.
Según ha dicho, intervino en el proceso «para hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a su contratación, cuyas principales decisiones y resoluciones fueron adoptadas por los servicios competentes del Servicio Canario de la Salud». «En todo este proceso no di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución a favor de la mercantil», ha defendido. El ministro ha asegurado que esas actuaciones de seguimiento de expedientes con problemas de cumplimiento de compromisos pendientes «fueron habituales» en sus actuaciones en aquella época. Y ha remachado alegando que «todas las instancias administrativas fiscalizadoras que han auditado estos expedientes» han concluido que «fueron realizados con rigor técnico y administrativo».
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