El Govern ya ha abonado hasta la fecha 1,2 millones de euros a los propietarios de viviendas afectados por el escudo social antidesahucios aprobado en 2021 tras el estallido de la guerra de Ucrania. El Gobierno central aprobó un decreto ley que suspendía los desahucios de sus viviendas a los inquilinos vulnerables que no pagaran el alquiler. A cambio, las administraciones debían compensar económicamente a los propietarios afectados para no crear un agravio.
Según datos del Ejecutivo autonómico, hasta la fecha se han resuelto un total de 265 expedientes de compensación, de los que 218 corresponden a personas físicas y 47 a personas jurídicas. Estas ayudas estaban destinadas a paliar el impacto de la normativa estatal que impedía desahuciar a inquilinos en situación de vulnerabilidad, incluso en casos de impago del alquiler.
A estos expedientes ya resueltos deben sumarse los que están aún pendientes. En la actualidad hay 212 sin resolver. A finales de 2025 ya se acumulaban 160 solicitudes, a las que se han sumado otras 52 en lo que va de 2026. La disponibilidad económica sigue siendo insuficiente. Para 2026, la comunidad autónoma dispone de algo más de 314.000 euros, una cuantía consignada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) procedente del plan estatal de vivienda y del sistema habilitado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para financiar estas compensaciones.
El Govern estima que atender todas estas peticiones requerirá al menos 700.000 euros adicionales, una cifra que podría variar una vez se complete la revisión detallada de los expedientes. Fuentes del Ejecutivo subrayan que el problema radica en el diseño de las ayudas, que son de carácter estatal: están regulado por el Gobierno y financiadas por el Ministerio, pero su gestión recae en las comunidades autónomas.
Esto implica que el Govern actúa como intermediario en la tramitación y pago, pero depende de la transferencia de fondos estatales para poder cumplir con estas obligaciones. En la práctica, la combinación entre la normativa antidesahucios y la falta de financiación suficiente ha generado situaciones especialmente complejas. Cuando un inquilino deja de pagar el alquiler y es declarado vulnerable, el propietario no puede ejecutar el desahucio mientras dure la protección. A cambio, tiene derecho a una compensación económica que, en muchos casos, no llega o se retrasa durante años.
«Se produce una situación injusta», insisten desde el Govern, donde el arrendador ni puede disponer de su vivienda ni recibe la ayuda compensatoria prevista. Esta circunstancia ha sido uno de los principales argumentos del Ejecutivo autonómico para reclamar una solución urgente al Estado.
Balears lleva más de un año solicitando al Gobierno central una mayor dotación de fondos para estas ayudas. La cuestión debía abordarse en el nuevo Plan estatal de vivienda 2026-2030, que acumula meses de retraso y sigue pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros. Mientras tanto, las comunidades autónomas continúan gestionando expedientes sin contar con los recursos necesarios, según las mismas fuentes del Ejecutivo.
El Govern ha planteado alternativas para aliviar la situación, como la posibilidad de utilizar remanentes de otras líneas estatales de vivienda. Entre ellas, los fondos no ejecutados del Bono de Alquiler Joven. Sin embargo, esta petición no ha prosperado hasta el momento. Desde el Ejecutivo balear consideran contradictorio que se obligue a devolver estos remanentes mientras existen obligaciones pendientes tanto con propietarios como en otras convocatorias de ayudas al alquiler.
La caída del escudo social añade un nuevo elemento de incertidumbre. Aunque su finalidad era proteger a los colectivos más vulnerables durante un periodo excepcional, su retirada podría provocar un efecto rebote en los juzgados, con un incremento de procedimientos de desahucio que habían quedado paralizados.
En paralelo, el Govern insiste en que es necesario garantizar un equilibrio entre la protección de los inquilinos vulnerables y los derechos de los propietarios. Para ello, considera imprescindible que el Estado no solo regule estas medidas, sino que también asegure su financiación efectiva.
Con más de 1,2 millones de euros ya abonados y decenas de expedientes aún pendientes, la incógnita es si el sistema será capaz de absorber el previsible aumento de conflictos sin una inyección adicional de recursos por parte del Estado.
Mirandes Racing Cartagena Cornella Teruel Jordi R.Ya te acordarás cuando te lo destrocen!! Muy buena mentalidad por cierto