La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha puesto negro sobre blanco un amplio catálogo de reivindicaciones con el que aspira a corregir, a su juicio, los principales desequilibrios del sistema que afecta a trabajadores por cuenta propia y microempresas.
El manifiesto, que sirve de base para la movilización convocada para este domingo en Palma, plantea una reforma profunda del marco fiscal, laboral y administrativo con el objetivo de dotar de mayor estabilidad y viabilidad al colectivo, que en Balears conformaban al cierre del mes de marzo un total de 104.284 profesionales, 2.500 más que hace un año y un 18,5 % del total de afiliados a la Seguridad Social.
El archipiélago es una de las comunidades con una tasa de autónomos más elevada, 121,3 por cada 1.000 habitantes en edad laboral (16-64 años); la que cuenta con un mayor porcentaje de trabajadores por cuenta propia extranjeros (26 %) y una de las tres que lidera el crecimiento nacional.
La manifestación en Ciutat forma parte del conjunto de movilizaciones previstas en toda España en respuesta al ajuste de cuotas planteado por el Gobierno, una reforma que, aunque suavizada, mantiene la senda alcista del sistema de cotización por ingresos reales. Desde la plataforma advierten de que la medida «llega en un contexto de aumento de costes y puede comprometer la viabilidad de miles de pequeños negocios».
El nuevo esquema para 2026 introduce una congelación de cuotas para los autónomos con rendimientos netos de hasta 1.166,7 euros mensuales, mientras que para el resto se aplican incrementos moderados de entre el 1% y el 2,5%, lo que supone subidas aproximadas de entre 2,9 y 14,75 euros al mes. Sin embargo, uno de los puntos más criticados es el de los autónomos societarios, cuya base de cotización se eleva un 42%, al pasar de 1.000 a 1.424 euros mensuales. La tarifa plana de 80 euros para nuevos autónomos se mantiene el primer año, al igual que la denominada «cuota cero» en varias comunidades.
Esta revisión llega tras corregir planteamientos iniciales que contemplaban aumentos mucho más elevados , en algunos casos superiores a 200 euros, y que generaron un fuerte rechazo entre asociaciones y partidos. El Ejecutivo ha optado finalmente por una subida más gradual con el objetivo de ajustar las cotizaciones a los ingresos reales, aunque el sector considera que el impacto sigue siendo relevante.
Entre las principales demandas de la Plataforma figura una revisión del sistema de cotizaciones para adaptarlo a los ingresos reales y reducir la carga en los tramos más bajos, especialmente para quienes se sitúan por debajo del salario mínimo. En la misma línea, el colectivo reclama la implantación efectiva de la exención del IVA hasta los 85.000 euros de facturación, tal como permite la normativa europea, así como la generalización del criterio de caja para evitar el pago de impuestos por facturas aún no cobradas.
La plataforma también pone el foco en la fiscalidad directa, con una propuesta de reforma de los tramos del IRPF que suavice los saltos impositivos y garantice una mayor proporcionalidad entre ingresos y tributación. A ello se suma la petición de permitir la deducción inmediata del 100% de las inversiones, eliminando los actuales sistemas de amortización, con el fin de favorecer la liquidez y la modernización de los negocios.
En el ámbito de la protección social, el colectivo denuncia las dificultades de acceso al cese de actividad y plantea su transformación en un sistema más ágil, automático y eficaz. Asimismo, exige equiparar derechos con los trabajadores por cuenta ajena en situaciones de baja médica, maternidad, paternidad o cuidado familiar, incluyendo bonificaciones que faciliten la contratación de sustitutos. También reclama garantizar el acceso al subsidio para mayores de 52 años en igualdad de condiciones.
Otro de los ejes del manifiesto es la protección del patrimonio personal. El colectivo pide una separación más clara entre bienes empresariales y personales, así como límites a embargos y sanciones que considera desproporcionados, con especial atención a la vivienda habitual, que no debería quedar expuesta por errores administrativos.
La simplificación burocrática aparece como una demanda transversal. Los autónomos reclaman una ventanilla única, un lenguaje administrativo más accesible y la eliminación de trámites innecesarios que, según denuncian, generan costes añadidos y dificultan la gestión diaria de pequeños negocios.
La plataforma plantea además reivindicaciones específicas para territorios con singularidades fiscales, como Canarias, donde se plantea ampliar el umbral de exención del IGIC hasta alinearlo con el límite europeo del IVA, reconociendo las particularidades del archipiélago.
En conjunto, la Plataforma 30N sostiene que el actual modelo penaliza el crecimiento y dificulta la continuidad de miles de pequeños negocios. Por ello, insiste en la necesidad de un cambio estructural que combine alivio fiscal, seguridad jurídica y una red de protección social más robusta para un colectivo clave para la economía balear.