Los médicos de Baleares iniciarán este lunes la tercera semana de huelga este 2026 por el Estatuto Marco. Los paros están convocados hasta el jueves y se repetirán en mayo y junio si no se alcanza un acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio.
Los ciudadanos que esta semana tengan programadas pruebas médicas, consultas e intervenciones no urgentes pueden encontrarse con que estas se suspendan. Se han fijado servicios mínimos similares a la disponibilidad ordinaria un fin de semana y se garantiza la atención a las urgencias y cirugías oncológicas, pero muchos actos demorables se pospondrán. Por ello, desde el Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) piden disculpas y paciencia a los usuarios afectados, al tiempo que responsabilizan de la situación a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su «fracaso negociador».
«Todos los sindicatos hemos pedido su dimisión, y si no dimite, que la cese el presidente y nombre otro negociador. Le pedimos a Pedro Sánchez que lidere», subraya el presidente de SIMEBAL, Miguel Lázaro. Los médicos llevan ya 16 días de huelga en los que según la Conselleria de Salut se han anulado 50.000 actos médicos en Baleares. «Es una gran irresponsabilidad, visto el impacto de la huelga, no querer negociar», denuncia Lázaro.
Seguimiento
El sindicato valora el seguimiento que ha tenido hasta ahora la movilización entre los médicos de las Islas, que se nota más en el ámbito hospitalario que en Atención Primaria. Lázaro reconoce que el hecho de que no haya «logros visibles» en las conversaciones con el Ministerio después de tantos días de huelga puede generar cierta frustración o agotamiento entre los profesionales, pero insiste en que ello «no implica rendición», así que espera que la incidencia de la huelga siga siendo alta.
El presidente de SIMEBAL recuerda que con esta movilización reclaman un Estatuto Marco que reconozca la singularidad de los médicos, una limitación de jornada y que las guardias computen para la jubilación, entre otras reivindicaciones. «Queremos conciliar y que la sobrecarga no afecte a nuestra salud laboral. Queremos que este estatuto signifique un punto de reforma estructural de una sanidad pública en la que faltan médicos», concluye Lázaro.