Baleares remitirá al Congreso una ley con la que aspira a fijar su propio techo de vuelos e influir de forma determinante en otros aspectos de la política aeroportuaria; un desafío al reparto de poder entre el Estado y la Comunidad Autónoma que llega justo cuando el Gobierno y el País Vasco han cerrado un acuerdo mucho más tibio para aumentar la participación de esa región en sus aeropuertos. Como estaba previsto, el pleno del Parlament ha aprobado la ley de cogestión aeroportuaria. Ha contado con los votos de PP, Més y los diputados no adscritos, mientras que Vox ha votado en contra y el PSIB y Unidas Podemos se han abstenido. Pero a la ley balear le queda mucho camino por delante porque todavía tendría que pasar por el Congreso para ser una realidad.
La ley a la que aspira Baleares dota a sus instituciones regionales de mucho más poder que el que ostentan actualmente. En España, en materia de aeropuertos, en todas las autonomías existen comités de coordinación aeroportuaria, con competencias puramente consultivas y no vinculantes. Es decir, que Aena puede, sencillamente, ignorar sus recomendaciones. Mientras que este comité ahora mismo es paritario, la ley balear refuerza el peso de las instituciones regionales y convierte en vinculantes sus informes en determinados aspectos (como estrategia y programación, planes directores, horarios de apertura, inversiones y crecimiento de las infraestructuras) de cara a garantizar que la llegada de pasajeros no supere la capacidad de carga de cada isla.
Eso, además, incluye a Menorca, que hoy por hoy no dispone de comité propio y que con esta ley lo obtendría. La norma también brindaría a las instituciones regionales acceso a información económica hasta ahora fuera de su alcance; pero no obtendrían competencias sobre cuestiones como las tasas o la distribución de los comercios del aeropuerto, ni tampoco la titularidad de las infraestructuras.
Los cambios a los que aspira Baleares van mucho más allá que lo que ha logrado arrancar al Gobierno el País Vasco, por lo que su futuro en el Congreso es incierto. Por ello el PSIB se ha abstenido insistiendo en que sería más prudente y realista optar por el modelo vasco. En Més han rechazado estas alegaciones y contraargumentaban que en un territorio insular, el control sobre el tráfico aéreo es mucho más relevante. «Como menorquín usted lo sabe», ha lanzado Ferran Rosa (Més) a Marc Pons (PSIB), «que el modelo actual es un fracaso absoluto. Estamos hartos de poder hacer informes que no van a ninguna parte, y cuando llegamos a esto en la tramitación parlamentaria esto es lo que a ustedes no les ha ido bien. El PSIB en otra época hubiera votado a favor».
Margalida Pocoví (PP) ha reconocido que el texto original de Més (que creaba una autoridad aeroportuaria y le transfería la titularidad de los aeropuertos) generaba dudas en su partido, y por ello presumía de haber alumbrado un texto más sólido a través de sus enmiendas. En esta línea la 'popular' ha cargado contra las «excusas» del PSIB y ha acusado a Aena de desvirtuar los esfuerzos autonómicos por la contención turística: «Es el momento de que Aena se implique». Los socialistas vaticinaban que el PP en el Congreso no apoyará esta ley, pero en el PP han indicado que todas las enmiendas están acordadas con Génova.
Vox, en línea con su postura contra el sistema autonómico, rechazaban totalmente la ley, que consideran parte del «furor orgiástico de las Comunidades por asumir más competencias». Pero además, Sergio Rodríguez ha puesto el acento en la suma de votos de PP y Més para aprobar el texto, ahondando en el malestar en el partido con el Govern tras el apoyo del PSIB al plan anticrisis por la guerra de Irán: «La política hace extraños compañeros de cama, eligen mal a la hora de colocar sus líneas rojas». Ante ese discurso recentralizador, la ex de Vox Idoia Ribas ha respaldado la ley en una intervención contra quienes deciden «desde despachos de Madrid», arrementiendo también contra la dirección nacional de su antiguo partido.
Una vez aprobada la ley, los grupos parlamentarios deberán ahora proponer a tres diputados autonómicos para que defiendan el texto en el Congreso.
Otro bulo para perder / ganar tiempo, como las tropecientas mil viviendas que iba a construir el peter sanches