La no convalidación del decreto que contemplaba la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler ha situado a cerca de 40.000 inquilinos de Baleares en una situación de incertidumbre, y ha provocado una reacción inmediata de los partidos de izquierda, que exigen al Govern de Marga Prohens medidas urgentes para evitar subidas de precios y garantizar el acceso a la vivienda.
Desde el PSIB, el diputado Marc Pons ha advertido de las consecuencias directas de esta decisión, y ha señalado que deja a miles de familias «en manos de grandes tenedores, bancos y fondos de inversión», con el consiguiente riesgo de incrementos significativos en las rentas. Pons ha emplazado al Ejecutivo autonómico a dar explicaciones y, sobre todo, a actuar: «Que el Govern explique qué respuesta piensa dar a estas 40.000 familias», ha reclamado. Además, ha insistido en que una de las vías más inmediatas sería aplicar la limitación de precios del alquiler en las zonas más tensionadas.
En la misma línea se ha pronunciado el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha lamentado profundamente el resultado de la votación. A su juicio, la no convalidación del decreto deja «desprotegidas a miles de personas que no saben qué les pasará cuando acabe su contrato». Apesteguia ha alertado de que muchas de estas familias podrían acabar siendo víctimas de la actual burbuja inmobiliaria, agravando aún más la crisis de acceso a la vivienda en las Islas. Por ello, ha instado al Govern a «cumplir con su obligación» y garantizar el derecho a una vivienda digna.
También desde el espacio ecosoberanista, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha elevado el tono al calificar la situación de «emergencia social y humanitaria». Castells ha criticado duramente la posición de PP, Vox y Junts, a quienes responsabiliza de haber dejado a «centenares de miles de familias con el temor a una subida brutal del alquiler». En su opinión, el Govern dispone de herramientas para mitigar esta situación, como la declaración de zonas tensionadas, lo que permitiría limitar los precios y ofrecer un alivio inmediato a los inquilinos. «Instamos al PP a que sea un Govern al servicio de los ciudadanos», ha añadido.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo autonómico se mantiene una posición crítica con las políticas aplicadas durante los últimos años por gobiernos socialistas. El portavoz del PP en el Parlament, ebastià Sagreras, considera que medidas como la prórroga obligatoria de los alquileres responden a planteamientos «populistas» que no abordan el problema estructural de la vivienda. Según Sagreras, trasladar la carga a los propietarios no solo es injusto, sino que puede generar el efecto contrario al deseado, reduciendo la oferta disponible en el mercado. En este sentido, defiende que los propietarios «son parte de la solución» y no deben ser enfrentados a los inquilinos, al tiempo que aboga por políticas que incentiven la puesta de vivienda en alquiler.
Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha defendido un enfoque basado en el aumento de la oferta. Cañadas ha apostado por liberalizar suelo y facilitar la construcción de nuevas viviendas como la vía más eficaz para reducir los precios. Asimismo, ha rechazado las políticas de ayudas generalizadas, al considerar que pueden generar dependencia, y ha advertido de que la falta de seguridad jurídica, especialmente ante el riesgo de okupaciones, disuade a muchos propietarios de alquilar sus viviendas.
Vaja caradures..construeixen 0 VPO en 8 anyots, ara regularitzen 500.000 persones de cop, mes els familiars que vendrán després i van demanant sol.lucions..esta clar que els seus votants no eren els mes llestos de sa classe..