La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada por el Gobierno el pasado martes genera disparidad de opiniones entre el Govern y los agentes sociales de Balears. La conselleria de Treball, CAEB y Pimem coinciden en el rechazo, mientras que UGT y CCOO la aplauden, aunque piden al gobierno mayor ambición.
Treball y las patronales critican que gobierno y sindicatos hayan pactado la reforma sin contar con los empresarios, lo que a juicio de la conselleria «resta solidez a una reforma parcial y poco ambiciosa». Desde Pimem lamentan, además, que el anteproyecto «responde más a la estructura de las grandes compañías y no tiene en cuenta la realidad de las pequeñas y medianas empresas de las Islas».
La conselleria que lidera Catalina Cabrer coincide en criticar la falta de adaptación de la reforma a la realidad de las pymes y de los trabajadores autónomos, y lamenta también la escasa participación de las comunidades autónomas en la elaboración de la reforma. A la espera de analizar en profundidad el texto, desde CAEB alertan de un probable aumento de la inseguridad jurídica, así como de una «sindicalización» del ámbito de la prevención. La patronal que preside Carmen Planas critica el «aumento injustificado» de la responsabilidad empresarial que, a su juicio, provoca la reforma, y echa en falta un análisis de impacto «riguroso» que evalúe las consecuencias reales de los cambios planteados.
Por su parte, la patronal de la pequeña y mediana empresa que preside Jordi Mora (Pimem) pone el acento en algunas de las medidas incluidas en la reforma que, según señala, tendrán un impacto directo en los costes empresariales. Entre ellas, cita la limitación para que el propio empresario asuma personalmente la prevención, la obligación de impartir la formación en horario laboral y de forma presencial, o la exigencia de evaluaciones con visitas externas obligatorias. A su juicio, estas exigencias suponen nuevas cargas económicas para empresas que operan con márgenes ajustados y que difícilmente podrán asumir el incremento de gastos. La patronal alerta de que la obligatoriedad de recurrir a servicios de prevención externos o el riesgo de sanciones por incumplimientos administrativos añade presión a un colectivo que ya lidia con una elevada burocracia.
Los sindicatos UGT y CCOO valoran positivamente la reforma y destacan su acuerdo con el Ejecutivo. «Se trata de un avance importante que incide directamente en la labor preventiva y en la salud laboral en los centros de trabajo, aunque todavía requiere mejoras: mas protección, más recursos y más compromiso», asegura Enrique Norberto Spera, responsable de salud laboral de CCOO Illes Balears.
Su homólogo en UGT Illes Balears, Enrique Aracil, cree que la reforma debería haberse producido antes y echa en falta «más medidas dirigidas a los sectores y empresas que tienen mayor índice de siniestralidad. La patronal debería plantearse más en serio la prevención de riesgos, se necesita más inversión en la protección de la salud y seguridad de las trabajadoras y trabajadores».
La reforma pretende adaptar la legislación a las nuevas realidades productivas y laborales con la incorporación de cambios en materia de derechos, organización preventiva y tipificación de infracciones. Los sindicatos piden «compromiso político» para que el anteproyecto prospere en el Congreso sin diluir sus avances.
El anteproyecto de reforma de la ley de prevención de riesgos laborales modifica tanto la norma de 1995 como el reglamento de 1997. Entre las novedades destaca la actualización del catálogo de trabajos prohibidos para menores, vigente desde 1957. El texto veta su presencia en actividades con animales peligrosos, en el sacrificio industrial o en empleos marcados por ritmos de máquina y salario por resultados, así como en tareas con contenidos violentos o pornográficos. Tampoco podrán realizar trabajos que excedan sus capacidades ni manejar maquinaria peligrosa, salvo de forma excepcional en contratos formativos, bajo supervisión y con garantías preventivas.
La reforma refuerza además los derechos laborales, al reconocer expresamente la integridad física y moral y la protección frente al acoso. En paralelo, ajusta la Ley de Infracciones para afinar la tipificación en igualdad y prevé rebajas de hasta el 40% en multas por pronto pago, salvo en accidentes laborales.
El texto incide en la salud laboral, con protocolos de reincorporación tras bajas prolongadas y refuerzo de los reconocimientos médicos. En el ámbito organizativo, el texto prevé un incremento del 20% en el crédito horario de los delegados de prevención y refuerza su papel en la estructura empresarial. También introduce la figura del agente territorial de prevención, concebido para apoyar especialmente a las pequeñas y medianas empresas sin representación sindical.
«Desde UGT Illes Balears llevamos tiempo insistiendo a la Conselleria de Treball que incorpore este perfil de agente, que ya está funcionando en otros territorios como Navarra, La Rioja y Asturias», explica Aracil. Desde Treball expresan sus dudas sobre la creación de la nueva figura de los delegados territoriales de prevención, al considerar que «no se definen con claridad sus funciones, competencias o coste, ni su encaje con la actual Inspección de Trabajo».
Asimismo, obliga a consultar a los sindicatos en la elección de mutuas, bonifica la formación preventiva en microempresas y fija nuevos umbrales: 300 trabajadores para servicios propios y 150 en actividades de riesgo, además de un máximo de diez empleados para que el empresario asuma la prevención.
La norma actualiza también el reglamento de servicios de prevención y amplía el enfoque a riesgos psicosociales, teletrabajo, cambio climático y desconexión digital, con perspectiva de género y atención a colectivos vulnerables, como las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, y apuesta por una mayor sensibilización para prevenir accidentes, con especial atención a los riesgos ergonómicos y psicosociales. «Todo esto significa más prevención por parte de las empresas», asegura Aracil.
En conjunto, el Govern concluye que se trata de una reforma incompleta, «con escasa capacidad para mejorar de forma efectiva la prevención de riesgos laborales y reducir la siniestralidad en los centros de trabajo». Por su parte, Pimem cuestiona que la reforma suponga una mejora efectiva de la protección de los trabajadores y advierte de que puede traducirse en «más trámites y más costes» sin un impacto real en la seguridad laboral, lo que, concluye, «termina por ahogar al empresario sin aportar soluciones de fondo».
Desde CCOO, Enrique Norberto Spera confía en que «la urgencia por garantizar la salud y seguridad en el trabajo haga de este acuerdo un compromiso para todas las sensibilidades políticas e impulsen para su aprobación el anteproyecto de ley».
El PP votando con y para los empresarios... Nada nuevo, son los únicos a los que representan realmente.