El pleno del Parlament aprobará hoy la Ley de Puertos, que entre otros apartados supondrá ampliar hasta los 50 años (y de forma excepcional hasta los 75) las concesiones de los clubes náuticos, en lugar de los 35 actuales. La ley la impulsan tanto PP como Vox por lo que no se esperan sorpresas en la votación.
Los ‘populares’ celebraron este lunes la culminación del trámite parlamentario puesto que, recalcó Sebastià Sagreras, responden así «a una reivindicación histórica de la federación de clubes náuticos». El diputado sostuvo que resuelven «una anomalía normativa» por la falta de adaptación a la legislación estatal, algo que «generaba inseguridad jurídica y dificultaba inversiones».
Polémica
Se prevé que la izquierda vote en contra del texto, ya que consideran que supondrá una privatización de los puertos. Tanto Més como el PSIB llevan meses vaticinando que «favorecerá la expulsión de los residentes en el acceso a un amarre». Además de la extensión de las concesiones advierten que la ley convierte en secretas las listas de espera para acceder a un amarre (actualmente hay más de 7.300 inscritos).
En el PSIB ponen el acento en la polémica en torno al conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, y sus vínculos familiares con la empresa que gestiona el puerto de Addaia en Menorca. «Uno de los principales beneficiarios del alargamiento de las concesiones será la familia del conseller», denunció este lunes Marc Pons.
Ante una denuncia del PSIB la Comisión de Ética Pública examinó el caso y descartó que Lafuente incurriera en un conflicto de intereses al participar en la votación en el Consell de Govern para informar favorablemente del texto legislativo; descartaba la «situación de incompatibilidad estructural» porque no consta que el conseller «ejerza ninguna actividad privada incompatible, que perciba remuneraciones prohibidas ni que sea titular de participaciones que afecten a su imparcialidad». El PSOE interpreta a su favor el dictamen porque al mismo tiempo la Comisión recomienda al conseller que valore abstenerse en el futuro: el informe entiende que la votación «era susceptible de generar una situación de apariencia de conflicto de intereses por constar familiares de segundo grado en la empresa concesionaria.
Sí algo que, desde luego, la población está demandando y esperando con ansiedad!!!