El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley de Puertos, que entre otros apartados extiende la duración máxima de las concesiones autonómicas a los 50 años. El texto ha salido adelante con el voto de PP y Vox, autores de la propuesta, pero toda la izquierda ha votado en contra (salvo el PSIB en una pequeña parte del articulado) considerando que favorece una privatización del acceso al mar.
PP y Vox han subrayado que la modificación actualiza la normativa y la adapta al marco estatal. El alargamiento de las concesiones ha sido el tema más discutido en el debate. La derecha ha defendido extender las concesiones para evitar atraer «a empresas que buscan rentabilidad rápida» y facilitar la amortización de inversiones a largo plazo. Sebastià Mesquida (PP) ha negado que esto constituya «un cheque en blanco» y matizaba que se eleva el máximo, pero que ello no implica que todas las concesiones deban agotar ese plazo.
Josep Castells (Més per Menorca) ha advertido que la ley no diferencia entre clubes náuticos y empresas y vaticina que el modelo beneficiará a estas últimas porque las mercantiles tienen más músculo para ganar concursos: «El resultado será una inercia imparable hacia la privatización de los puertos». Maria Ramon (Més per Mallorca) ha advertido de que actualmente ya una mínima parte de los amarres son de gestión pública y ha afirmado que la ley no resolverá el colapso en la lista de espera para obtener un amarre, con más de 7.000 solicitudes pendientes, algunas con una antigüedad que alcanza los 30 años.
Asociaciones
Tanto PP como Vox han ensalzado el papel de los clubes náuticos en la economía y sociedad de Baleares; representantes de muchos de ellos han asistido al pleno para seguir el debate. En las Islas existen 24 clubes náuticos con 12.000 socios, y gestionan 8.500 amarres, aproximadamente el 40 % del total de la Comunidad; otras 24 marinas gestionan más de 6.600 amarres. El presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, Toni Estades, ha aplaudido el alargamiento de las concesiones recalcando que dará mayor seguridad jurídica a los clubes; mismo sentir que en Marinas de Baleares (asociación de instalaciones náutico deportivas), cuya presidenta, Isabel Teruel, ha subrayado que facilitará la inversión a largo plazo.
La ley regula las prórrogas extraordinarias, que podrán justificarse mediante planes deportivos, educativos y sociales dirigidos a residentes y escuelas, siempre que supongan inversiones equivalentes al 15% del presupuesto anual de la entidad. Además, se introduce la posibilidad de adjudicación directa para clubes náuticos declarados de utilidad pública o con limitaciones de amarres para grandes esloras.
Los clubes náuticos también valoran especialmente que la ley introduce el concepto de utilidad pública, una declaración conforme a la ley deportiva que facilitará determinados trámites administrativos a estas entidades. Igualmente, la ley introduce mecanismos de simplificación administrativa (las obras exclusivamente portuarias y no sustanciales dejarán de requerir informe urbanístico municipal preceptivo), regula un registro electrónico de usuarios de amarres, el procedimiento a seguir ante el abandono de embarcaciones y los usos permitidos en zona portuaria: se autorizan actividades comerciales, culturales, recreativas y deportivas vinculadas a la actividad portuaria, aunque fijando límites máximos de ocupación comercial sobre superficie terrestre y lámina de agua. Este último es otro punto controvertido; la izquierda cree que busca convertir los puertos en centros comerciales y exprimir económicamente «hasta el último metro cuadrado», en palabras de Marc Pons (PSIB).
Esta ley es escandalosa ,protege la iniciativa del oligopolio del sector en detrimento de los clubs náuticos... Esto es un regalo que acabará con la nautica tradicional y favorece a las grandes esloras ... Un claro ejemplo es el Port de Andratx, construido por el pueblo para el pueblo y ahora en manos de este grupo empresarial que marca los precios prohibitivos para los usuarios locales .