La Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència reclamará más de cuatro millones de euros de la Renta Social Garantizada (Resoga) a los beneficiarios que la percibieron de manera irregular durante la anterior legislatura, en el último mandado de Francina Armengol al frente del Ejecutivo balear. Según la auditoria interna llevada a cabo por el Govern sobre la gestión de esta ayuda social, se han contabilizado más de 2.000 perceptores que no deberían haberlo sido por no cumplir los requisitos o cobraban otras subvenciones incompatibles con ésta.
El origen de esta purga comenzó en noviembre de 2023, cuando Afers Socials solicitó una revisión y evaluación de cómo se otorgaba la renta y cuyo informe final se presentó en marzo del año pasado con numerosas irregularidades. En noviembre, se anunció una batería de medidas para atajar la situación, entre las que se incluía la puesta en marcha de un Plan Anual de Revisión a 1 de enero de este año y una reforma legislativa sobre los requisitos necesarios para tener la Resoga.
Según los datos avanzados por la Conselleria, fruto de su propia revisión y de una compañía externa, hasta marzo de este año se han revisando 1.135 expedientes por parte del personal propio de la Administración local, de los cuales 898 ya se han completado, 221 se han iniciado y 16 siguen pendientes; mientras que la empresa externa ha auditado 2.912 expedientes más, de los cuales 1.475 están pendientes, 170 se han iniciado y 1.267 están completos.
En base a estas cuentas se han reclamado ya el reintegro de pagos indebidos a un total de 2.165 titulares de la prestación, por un importe total de 4.129.201 euros. Por otro lado, se ha reducido el número de beneficiarios, que ha pasado de 3.513 en mayo de 2023, cuando entró el nuevo Ejecutivo, a cerca de 2.000 actualmente. Esto se debe a la regularización de expedientes de personas que no cumplían los criterios establecidos en la ley y la detección situaciones de doble percepción por cobros de otras ayudas o alta de la seguridad social.
Debilidades y cambios
El documento también indica que en mayo de 2023, la Resoga presentaba diversas debilidades. Existían miles de expedientes suspendidos sin resolución formal ni notificación, generando «inseguridad jurídica»; se detectaban déficits en el control financiero, con «escasos cruces de datos efectivos» con otras administraciones; la gestión se apoyaba en herramientas «poco adecuadas» y con una estructura de personal «claramente insuficiente».
Por ello, ya se han introducido cambios como el refuerzo de personal, de unos 27 personas a 47 profesionales; la aplicación de la Instrucción 1/2024, que pone fin a la práctica de suspensiones sin notificación; y revisando expedientes, llevando a cabo un análisis exhaustivo y detallado «caso por caso».
Por otro lado, queda pendiente aún aprobar la futura reforma normativa que pasa por aplicar mecanismos de compensación automática para evitar duplicidades, simplificar el marco actual y facilitar su tramitación y la actualización de requisitos. Entre éstos últimos, destaca la medida acordada entre PP y Vox de pedir un mínimo de tres años de residencia para poder acogerse a esta renta social.
Deberíais hacer una buena revisión de la situación real de las personas que perciben pagas y ayudas. Conozco algún caso que es para que se nos pongan los pelos de punta ....