Centenares de interinos de Baleares podrán convertirse en fijos, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece los criterios a seguir, según explica el secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carlos Torrens. Sin lugar a dudas, se trata de un asunto muy importante, motivo por el que su sindicato ha celebrado una reunión a nivel nacional en la que han decidido estudiar instar al Gobierno a que haga fijo de oficio a todo el personal público en abuso de temporalidad que, habiendo superado la fase de oposición no haya obtenido plaza. El objetivo que se persigue con esta medida es evitar el colapso judicial.
«La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de las Illes Balears valora de forma positiva la reciente resolución dictada por la Sala IV (de lo Social) del Tribunal Supremo. Esta histórica sentencia adapta definitivamente la doctrina española a las exigencias previamente planteadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto al abuso de la contratación temporal en el sector público», resume Torrens.
Además, reivindica que «esta doctrina se extienda de forma inmediata también al personal funcionario y estatutario, aunque la sentencia del Alto Tribunal hace referencia explícita al personal laboral público. A juicio de este sindicato, la naturaleza de la relación jurídica (ya sea laboral, funcionarial o estatutaria) no debe ser un obstáculo ni afectar al cambio de doctrina establecido por el Tribunal Supremo. El abuso de la temporalidad es una realidad transversal, que afecta con la misma gravedad a los diferentes cuerpos de la Administración».
Por todo ello, Torrens avanza que «desde CCOO vamos a exigir al Gobierno los cambios normativos necesarios para dar una solución definitiva a esta situación». A su modo de ver, «todos aquellos empleados públicos que hayan superado la fase de oposición de acceso a la función pública sin haber obtenido plaza y se encuentren en situación de abuso de temporalidad, es decir, encadenando contratos temporales durante más de tres años, deben ser declarados de oficio funcionarios de carrera o personal laboral fijo».
CCOO advierte de que la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo es «clara y meridiana». Por tanto, sostiene que «no cabe otra vía que la actuación de oficio por parte de la Administración Pública». Torrens argumenta que «de no ser así, se estaría condenando a centenares de trabajadores y trabajadoras a tener que acudir de forma individual a los tribunales de justicia para ver reconocidos sus derechos. Desde el sindicato alertamos de que esta inacción administrativa provocaría un inevitable colapso de los Juzgados y Tribunales, que actualmente ya se encuentran gravemente tensionados; además de suponer una grave merma económica y un desgaste emocional injustificable para el personal afectado».
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, «CCOO instará al Ejecutivo a actuar con responsabilidad, celeridad y justicia social, abriendo de inmediato el diálogo para materializar esta necesaria regularización».